El Ministerio de Justicia creará sistemas reforzados de asistencia jurídica, notarial y de consulta en el registro de la propiedad para ayudar a quienes hayan perdido sus casas tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, ejecutando, además, medidas organizativas para agilizar la actividad judicial. Todo ello, según informaron ayer desde el departamento que dirige Pilar Llop, como parte de las medidas incluidas en el real decreto ley aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros, con el objetivo de ayudar a los afectados por el desastre natural y cuyo objetivo es “apoyar e impulsar la reconstrucción económica, laboral y social de la Isla”.
En esta línea, el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España adoptará las medidas tecnológicas y económicas necesarias para apoyar al Registro de Santa Cruz de la Palma con el fin de habilitar un sistema diario de cita previa presencial o telemática, para que los afectados puedan consultar el estado de sus propiedades. Asimismo, publicará en el Geoportal Registradores información gráfica específica sobre el ámbito territorial afectado sucesivamente por la lava volcánica e identificación de las fincas incluidas en el área afectada. El Ministerio de Justicia también adoptará las medidas oportunas para analizar el régimen jurídico de la titularidad y carga de los bienes y derechos sobre inmuebles que han quedado cubiertos por la lava. Dentro de las medidas en materia notarial -como informó en su día DIARIO DE AVISOS-, se contempla que el decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias habilite a los notarios de este territorio que considere necesarios y que voluntariamente lo soliciten para prestar su servicio en la isla de La Palma, para atender a los afectados por la erupción del volcán.
Donación
Además, el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife acordó en su última Junta de Gobierno dedicar este año el 1% del presupuesto para ayudar a las personas damnificadas por la erupción del volcán de La Palma. El presupuesto colegial comprende en uno de sus capítulos una reserva financiera del 1% destinada a donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro que destinen dichos fondos a fines sociales.
