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Entre la polémica jurídica y el giro soberanista para la izquierda canaria

La 'vuelta' de Alberto Rodríguez, inhabilitado en circunstancias muy discutibles, dispara las hipótesis sobre una reconfiguración autocentrada del espacio que ha ocupado Podemos

“Hoy viernes 29 de octubre solicité la reincorporación a mi puesto de trabajo como obrero industrial. Como siempre dije que haría. Vuelvo a mi curro, a mi profesión, a ganarme el pan y a continuar aumentando experiencias vitales y luchas junto con mis compañeras de la fábrica a las que tanto he echado de menos”. Así anunciaba Alberto Rodríguez, exdiputado de Podemos, su vuelta al oficio. Unos días antes, junto a las decenas de simpatizantes que lo esperaban en el aeropuerto de Los Rodeos, Rodríguez hacía pública su renuncia a la militancia en Podemos, consciente, decía, de los “límites” de los partidos estatales “desde una perspectiva archipielágica autocentrada”.

Condenado por un delito de atentado a la autoridad en el Tribunal Supremo, que consideró probado que había agredido a un policía durante unos enfrentamientos, en 2014, que siguieron a una visita del entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, a La Laguna, la sentencia, que basaba la condena en la sola declaración del policía provocó bastante revuelo. Pero la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de retirarle el acta disparó la polémica, pues los servicios jurídicos de la Cámara apostaron en un primer momento por que Rodríguez pudiera mantener el escaño, ya que la pena inicial, de un mes y quince días de prisión, había sido conmutada por una multa de 540 euros, de acuerdo a lo que establece el artículo 71.2 del Código Penal respecto a las penas inferiores a tres meses. “Eso determina la imposibilidad de aplicar el artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, que establece que serán inelegibles los que tengan pena de prisión por sentencia firme”, afirma Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la ULL. Según José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, “la mayoría de los magistrados de lo penal aplican la tesis de que, si hay sustitución de la pena, no se aplica la accesoria”. En este caso, la inhabilitación.

Sin embargo, el Supremo insistió en que se ejecutara la sentencia, sin mencionar explícitamente cómo, aunque el Congreso le pidió una aclaración, pero asumiendo implícitamente que había que inhabilitar a Rodríguez a pesar del pago de la multa. Y ahí surge el segundo escollo. ¿Inhabilitarlo por algo que supuestamente hizo cuando no era diputado? González explica que, según una circular de la Fiscalía General del Estado del año 2000, cuando se aplica el artículo 56 del Código Penal, el referido a las penas accesorias de inhabilitación, dos de los supuestos son para delitos relacionados con el cargo público que se ostentaba. El tercero, el de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo -ser elegido-, es el que se le ha aplicado a Rodríguez, que entonces no tenía cargo institucional alguno en 2014 alguno. “Pero eso siempre se ha interpretado como que esa persona no puede ser electa desde el momento de la sentencia. No que pierdas la condición de elegido”.

Pero el Supremo ha hecho suya en este caso la doctrina de la Junta Electoral Central, donde la inelegibilidad sobrevenida es “una consecuencia administrativa” del hecho de ser condenado penalmente, no porque lo diga la pena en sí misma. “La Junta entiende que las personas que han sido condenadas por un delito doloso tienen que tener las mismas condiciones sin ser elegidos que cuando ya están elegidos. Es un poco chocante.”, afirma González. “Y no es una doctrina que haya nacido de la jurisprudencia penal, a pesar de que algún magistrado del Supremo la haya seguido”, matiza. “Para mí, no es una interpretación correcta, máxime cuando el Constitucional tiene dicho que cualquier interpretación que afecte a derechos fundamentales se tiene que hacer desde una óptica expansiva, y esto es todo lo contrario”, afirma Gerardo Pérez. Ambos creen que Batet tenía margen para evidenciar que se hacía una interpretación jurídica distinta desde el Congreso. “Pero eso no significa que haya prevaricado por haber retirado el acta finalmente”, aclara Pérez. De hecho, González considera que, si no, lo habría hecho la Junta Electoral Central.

“Ahora mismo, mi prioridad número uno es revertir la cadena de tropelías e injusticias que han cometido conmigo y con las personas que me votaron para que fuera su voz en el Parlamento”, afirmaba Alberto Rodríguez en su carta del viernes. Y esa es la otra parte, la derivada política. Según el politólogo Ayoze Corujo, “la imagen del mártir es siempre una oportunidad para construir un relato. Ya no es el Estado contra Podemos sino contra el pueblo canario”. Para Corujo, la infografía con la cara de Rodríguez tapada por los colores de la bandera española, el recibimiento al estilo Cubillo en el aeropuerto, la reivindicación que hizo Podemos de la bandera nacional canaria el pasado 22 de octubre explicitan un giro soberanista en ese espacio. “La izquierda soberanista siempre ha estado presente en Canarias, pero de forma muy fragmentada. Podemos consiguió, en 2015, aglutinar a buena parte de ese voto, pero lo había ido perdiendo por sus vaivenes a nivel estatal y sus inercias centralistas. Pero la llegada de un nuevo actor político permite modernizar, actualizar todo ese espacio mientras se minimiza el impacto de las críticas al Gobierno y a Noemí Santana, que deja de ser el foco”.

“Todo esto también obedece a cómo se están configurando las cosas a nivel estatal, y a crear una interlocución con Yolanda Díaz que fortalezca la posición del territorio y que consiga dejar atrás la maquinaria obsoleta de Podemos”, comenta una fuente cercana a ese partido que conoce muy bien su estructura a nivel estatal y canario. “Lo que está planteando Díaz es un desborde más allá de Podemos, una especie de OPA, y el encaje de eso en los territorios seguramente sea con partidos de corte más federal”. También destaca la capacidad política de Rodríguez. “Alberto es un tipo muy inteligente, ha sabido jugar muy bien sus cartas siempre, las rastas le han servido para construirse una imagen política y una narrativa muy potente. Llega a la gente con su propio lenguaje y hace una labor de traducción casi intercultural de las iniciativas políticas a la cultura obrera”. Aunque eso no garantiza el éxito. “La fortaleza o endeblez ideológica que pueda tener un proyecto de este tipo dependerá también de la gente de la que se rodee y de la generosidad que tenga”.

“El tiempo dirá. No sé lo que va a hacer Alberto, pero yo estoy segura de que nos seguiremos encontrando en la lucha”, afirma Laura Fuentes, secretaria general de Podemos Canarias. “En todo caso, yo soy partidaria de los desbordes en la izquierda. De volver un poco a la idea del Podemos original de ‘los de arriba’ y ‘los de abajo’, porque yo me sigo sintiendo como parte de ‘los de abajo’. Hay que tener amplitud de miras. Por 400 votos nos quedamos sin un diputado en Fuerteventura. Y quizá podríamos haber tenido la vicepresidencia del Gobierno. Además, no nos podemos permitir perder el tiempo con las encuestas señalando que la ultraderecha puede entrar con dos escaños en el Parlamento canario. Ni que este Gobierno sea solo un paréntesis de cuatro años, por muchas contradicciones que a veces tengamos desde un punto de vista progresista”.

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