Dice el Diccionario de la lengua española de la Real Academia, fuente inagotable de saber y herramienta muy útil para quienes trabajan habitualmente con el lenguaje, que un “tránsfuga” es la “persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato”. La realidad es tozuda y algunas definiciones inapelables, pero la diputada trásfuga Vidina Espino, periodista y docente, se niega a aceptar su condición, agarrándose a las incoherencias del reglamento del Parlamento canario, que dificultan su expulsión del Grupo Mixto y su pase al grupo de los no adscritos. Ayer, en lugar de mirarse al espejo o de leer el diccionario, Espino optó por buscar culpables en todas partes. Y uno en particular, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez.
Media hora antes del comienzo del pleno, la diputada afirmó que “no todo político que abandona su partido es un tránsfuga”, y que ella se fue porque Cs incumplía sus compromisos con Canarias, pero que no se ha cambiado de formación ni ha hecho caer a ningún Gobierno con su voto. Sin embargo, sí consideró transfuguismo que los dirigentes de Nueva Canarias mantuvieran sus cargos públicos cuando se produjo la escisión de buena parte de la militancia grancanaria de CC que dio lugar al nacimiento de NC en el año 2005. También se olvidó de decir que su expartido ha solicitado a la cámara que se le considere una tránsfuga.
Espino está transitando un camino de moralidad muy cuestionable, pero intenta construir una especie de relato épico para justificarse. “Me persiguen”, asegura. Y señala a NC, porque dice que ella le canta las “verdades” al vicepresidente Román Rodríguez sobre sus “apaños” con el Gobierno central, el gasto en encuestas de Vicepresidencia, el supuesto control de la RTVC, el aumento de asesores o los sueldos del Gobierno. También lo acusó de machismo.
Espino se aferra al reglamento, cuyo artículo 23 impide expulsar a un diputado del Grupo Mixto aunque abandone el partido con el que se presentó a las elecciones, pero luego critica que NC haya pedido un dictamen al Consultivo sobre su situación, algo perfectamente legal, con el argumento de que eso de solicitar dictámenes, sostiene, solo se ha hecho seis veces en 40 años. Según la diputada, dos parlamentarios del PIL dejaron su partido en 2006 y siguieron en el Grupo Mixto. Peleará si la intentan sacar del Grupo Mixto, exigirá que “se cumpla la ley”. Otra cosa es lo que digan el sentido común y el diccionario…
Y mientras, quizá siga protagonizando polémicas mediáticas que le dan visibilidad, en un camino de incierto futuro, pero que parece lleno de ruido. Ayer, presentó un escrito a la Mesa de la Cámara para que se donen 200.000 euros de las cuentas del Grupo Mixto a los afectados por el volcán de La Palma. Así, sin consultarlo con su otro compañero del Grupo Mixto, el diputado de Cs Ricardo Fernández de la Puente, aunque dijo que estaba segura de él que no tendría nada en contra de la propuesta. Fernández de la Puente, que nunca levanta el tono, andaba ayer disgustado por los pasillos del Parlamento. Y sacó un comunicado recordando que esta solicitud ha sido presentada por una persona “que escapa totalmente al control y fiscalización de formación política alguna, puesto que al abandonar Ciudadanos solamente rinde cuenta ante ella misma de sus actos”. También presentó una consulta formal a los Servicios Jurídicos de la Cámara. Pero ya le han dicho extraoficialmente “que no es posible tal donativo puesto que la subvención con que se dota a los Grupos Parlamentarios es de carácter finalista y no se puede destinar al fin pretendido por el mero hecho de que una diputada tránsfuga así lo estime oportuno”.
Y así estaba la cosa. Luego, dentro del Parlamento, se habló mucho de La Palma, con los primeros atisbos críticos de la oposición respecto a la agilidad con la que el Gobierno canario está haciendo las cosas. La consejera de Educación anunció que Canarias contará, entre 2021 y 2023, con 210 millones en materia educativa dentro del Mecanismo de Resiliencia de los fondos europeos, con los que se podrá impulsar la digitalización, la educación temprana y la FP dual. Suena bien, pero a ver cómo se materializa en esta comunidad con tantos déficits de formación. Se volvió a hablar de la Ley de Cadena Alimentaria, donde se han introducido enmiendas en el Congreso que afectan al plátano y tranquilizan a Asprocan pero disgustan a Plataforma por un Precio Justo del Plátano de Canarias, que agrupan a unos 3.500 agricultores. A ver qué ocurre en el Senado. Se habló del declive de la ganadería, de la diversificación económica…
Pero avanzaba el día y me tocaba ir a consultar al diccionario. Igual que hace Kostas Jaritos, el comisario de policía del escritor griego Petros Márkaris. Aunque él practica esta afición largo y tendido, para relajarse un rato
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