La ley de viviendas

Es cierto que el acceso a una vivienda es un problema que aqueja a gran parte de la población, especialmente a los jóvenes. Es cierto que la Constitución garantiza el derecho a disponer de una en condiciones razonables, y que este es un derecho universal. También que esto genera otros conflictos como la ocupación o los desahucios. Pero lo que no es menos cierto es que no se resolverá aplicando políticas intervencionistas que atentan contra el libre mercado y la propiedad, que son las bases de una sociedad liberal como la que diseña nuestro texto constitucional. Las propuestas de la izquierda más radical se basan en que, si no tienen cabida legal, se cambian las leyes y ya está. Esto supone entrar en un sistema revolucionario sin que se haya producido la revolución. Es decir, hacer ensayos con lo imposible que acabarán estrellándose con la realidad. Ese Estado plurinacional, al que tanto se recurre como paradigma de la estabilidad política, no permite, según su actual marco estatutario, que algunas cuestiones de ámbito autonómico sean asumidas directamente por el Gobierno central. Ya hemos recurrido a este tipo de soluciones altisonantes, en la Sanidad y en el intento de uniformización de la regulación de impuestos cedidos, como los de sucesiones y donaciones y actos jurídicos documentados. Si España es plurinacional lo tendrá que ser en todos los casos, si no es así, cualquier innovación será interpretada como un hecho propagandístico. En un acto sorpresa se han reunido Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para llegar a un acuerdo que solo sirve para garantizar una continuidad y contentar parcialmente a una parroquia que sueña erróneamente con que ha conseguido un triunfo de cara a llegar a la conquista del poder del proletariado, y nada más lejos de la realidad. La política de viviendas está íntimamente relacionada con la política de suelo, y cuando el crecimiento de éste se pretende congelar no queda otra que ir a la expropiación de los bienes existentes, que es la acción rápida preferida por el progresismo revolucionario. La intervención de la administración en el mercado del suelo está regulada por la constitución de los patrimonios públicos provenientes de las cesiones obligatorias de un porcentaje de aprovechamiento en los procesos urbanizadores, y que tienen un sentido finalista destinado a la promoción de vivienda pública. En los diversos sistemas de actuación previstos en las leyes del suelo, el de expropiación posee carácter excepcional, pero es aplicable a la delimitación de polígonos donde se construyan preferentemente viviendas sociales, actuando entidades públicas, como Inur o Gestur en la urbanización y procediendo después a la liberación de las parcelas resultantes, como ocurrió, por poner uno de tantos ejemplos, en el Polígono del Rosario, de cuya sociedad de gestión, Prosa, fui vicepresidente segundo. Cuando se disponía de suelo existían sociedades municipales de promoción que ahora se dedican a gestionar aparcamientos. No son buenos tiempos para emprender operaciones urbanísticas después de la proliferación de escándalos y pelotazos que han sido denunciados en la lucha por el poder político. Además, la creación de nuevos suelos es incompatible con el progresismo, con el medio ambiente y, si me apuran, con la España vaciada. Un ejemplo está en las continuas reducciones a la que se ha visto sometido el Plan Chamartín en la Comunidad Autónoma de Madrid. Otra cuestión se encuentra en la eliminación de las ventajas para la financiación de las hipotecas al reducirse los tipos de interés por mandato del Banco Central Europeo. En la anterior Ley de Viviendas de Protección Oficial estaban bonificados, y este era un importante atractivo para la iniciativa. En la situación actual, con un poderoso crecimiento del ecologismo y la pureza exigible para que no exista a sospecha de una intención especulativa, el proteccionismo a ultranza y las medidas de disminución de densidades que provocaron fenómenos tan curiosos como el fuera de ordenación, han provocado a la larga, un grave problema en la regulación del mercado de la vivienda. Los economistas lo reducen a una cuestión de oferta y demanda, pero la visión urbanística, al menos la que me da los años de experiencia en esa responsabilidad, me indica que existe un componente ideológico que se empeña en imponer un modelo de intervención de lo público en un territorio normativo donde lo privado sigue siendo preponderante. Ahí reside el auténtico conflicto. Por ahora todo se desenvuelve en un escenario de propaganda, en donde cada cual se empeña en exhibir sus pequeñas conquistas de pacotilla. Unos enfrascados en demostrar que todavía existen y otros en que, pese a todo, resisten.