Erupción en La Palma

Madrid aprueba 214 millones de ‘ayudas récord’ para La Palma

El importe del nuevo paquete de medidas se suma a los primeros 10,5 millones, que “ya están” a disposición de la población palmera

El ministro de Agricultura, Luis Planas (en el centro), junto a representantes de Asprocan

El Gobierno aprobó ayer, a través de un real decreto Ley, un conjunto de medidas urgentes para paliar los daños causados por la erupción volcánica en La Palma. Por un importe de casi 214 millones de euros, estas acciones se suman a las acordadas en el Consejo de Ministros de la semana pasada. El titular de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, reiteró que para el Ejecutivo es una prioridad absoluta la reconstrucción de la isla de La Palma, paliar los daños que están sufriendo sus habitantes y que las ayudas lleguen con rapidez y celeridad. De hecho, resaltó que los 10,5 millones aprobados la semana pasada para vivienda y enseres ya están a disposición de las autoridades canarias.


Las nuevas subvenciones y ayudas directas se dirigen a paliar daños en viviendas, locales, entorno productivo, agrícola y pesquero, infraestructuras y medio ambiente. En el ámbito de las viviendas y los negocios, detalló Bolaños, se establecen ayudas directas a las personas físicas y jurídicas para los casos de destrucción o daños estructurales, mientras que al sector agrario y pesquero se destinarán 20,3 millones de euros para daños en regadíos y caminos rurales y para la pesca y la acuicultura.


Asimismo, se contempla la permuta de fincas afectadas por otras de titularidad pública donde puedan reubicarse las explotaciones agroalimentarias. La reparación de las infraestructuras se articula mediante aportaciones a entidades locales por un total de 22 millones de euros, así como del apoyo a la Comunidad Autónoma de Canarias y al Cabildo para restablecer la red de carreteras, con 40,5 millones. En lo referente a los espacios naturales, se prevén fondos para la Reserva de la Biosfera de la Palma, el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y la investigación del volcán y sus erupciones. En el terreno laboral, el documento incorpora un plan extraordinario de formación y empleo, por 63 millones de euros; la moratoria de hasta un año sin interés en el pago de las cotizaciones devengadas -entre octubre y enero-, y la posibilidad del rescate anticipado de planes y fondos de pensiones, como ocurrió en la pandemia.


Las medidas fiscales abarcan la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 2021 de viviendas y establecimientos dañados por la lava, la reducción de cuotas del Impuesto de Actividades Económicas, el aplazamiento de deudas tributarias y la bonificación extraordinaria en el sistema de incentivos regionales para potenciar las inversiones empresariales. Los autónomos y las empresas podrán suspender temporalmente los contratos de suministro de electricidad y resolver los contratos de las instalaciones destruidas.


A lo anterior se añade una financiación extraordinaria de un millón de euros a Canarias para la prestación básica de servicios sociales y atención a las víctimas de violencia de género. Otras actuaciones se orientan a proteger a los consumidores, como la suspensión de las obligaciones de pago de intereses y principal para préstamos y créditos, con y sin garantía hipotecaria, y a facilitar que los ciudadanos que han perdido sus casas acrediten la situación en que se encuentran.


Félix Bolaños reafirmó “el compromiso del trabajo constante y coordinado entre todas las administraciones”.

Víctimas de violencia machista y de odio: 500.000 euros

El Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros una subvención directa de 500.000 euros al Ejecutivo canario para la financiación de medidas de prevención y atención a víctimas de violencia de género, de otras formas de violencia contra las mujeres y de víctimas de delitos de odio, que se hayan visto afectadas por la catástrofe del volcán de La Palma. Esta actuación se enmarca en el real decreto ley de medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social.