El Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna acordó ayer nuevamente el sobreseimiento provisional del procedimiento del caso Grúas respecto a la investigación judicial sobre lo actuado a este respecto por el exalcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), el exconcejal Antonio Pérez Godiño, y los extécnicos municipales Rosario Hernández y Alejandro Cordero.
Dicha decisión viene reflejada en un auto dictado por la jueza titular con fecha del pasado día 2 y que es consecuencia directa del anterior intento de archivo de tal causa, que tuvo lugar en julio del año pasado, un mes después de que el Supremo exonerase por el mismo asunto a otro exalcalde lagunero de CC, Fernando Clavijo, quien se valió de su condición como aforado para que lo investigado por este caso que le afecta acabase siendo dirimido en los tribunales de Madrid.
A rebufo de lo decidido respecto a Clavijo, el juzgado lagunero quiso ya entonces decretar el sobreseimiento provisional del resto del caso Grúas, pero los recursos presentados por los denunciantes motivaron que la Audiencia frenase dicho archivo en noviembre de 2020, dado que uno de los investigados, Alejandro Cordero, ni siquiera había sido llamado a declarar en tal condición.
Ahora, como se recuerda en el auto que nos ocupa, la jueza sostiene que ha cumplido con los requerimientos de la Audiencia, no solo sobre lo expuesto acerca de Cordero, sino que tampoco se había especificado en el anterior intento las razones para justificar lo actuado por cada uno de los investigados, ya que no es aceptable procesalmente esa suerte de totum revolutum que suponía aplicar las argumentaciones del Supremo sobre Clavijo de forma indistinta sobre el resto de imputados.
Sea como fuere, sobre esta decisión cabe presentar un recurso, tanto de reforma ante el mismo juzgado lagunero como de apelación ante la Audiencia provincial, algo que los denunciantes, personados como acciones populares impulsadas desde Avante La Laguna y Unidas se puede, han anunciado que pretenden llevar a cabo. Por su parte, desde CC La Laguna se recibió la decisión de la jueza con entusiasmo a la par que aseguraron que la denuncia por este caso ocultaba intereses partidistas de sus rivales, si bien originalmente fueron trabajadores de dicho servicio municipal los que acudieron al juzgado para reclamar por lo que entendían como vulneración de sus derechos.
Aunque la primera denuncia (y, posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción) contemplaba la posibilidad de que, presuntamente, se hubieran cometido otros delitos, lo cierto es que, finalmente, esta -llamémosla así- pata lagunera del caso Grúas solo versaba, como detalla ahora la jueza, en la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa. Por lo que respecta a la evolución del procedimiento, la polémica jurídica se centraba en los tres decretos de la Alcaldía que facilitaron un préstamo de 120.000 euros y la prórroga de la concesión a un grupo de empresarios -la mayoría de los cuales reconoció estar relacionado con Clavijo-, pese a que su gestión de la empresa la había sumido en tal crisis que el Ayuntamiento podía decretar su rescate sin tener que indemnizar a los concesionarios.
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