Los 127 días que la Acampada por una Vivienda Digna lleva en la calle siguen sin ser suficientes para que las distintas administraciones a las que se dirigen ofrezcan algún tipo de solución a sus demandas. Por el momento, la única respuesta oficial que han obtenido es la orden de desalojo que el Ayuntamiento de Santa Cruz les comunicó el pasado martes y por la que les daban 24 horas para abandonar la plaza de la Candelaria, al carecer del pertinente permiso de ocupación del espacio público. La decisión, cursada por el Servicio de Gestión de Ocupación de la Vía Pública, ha sido recurrida, según los portavoces de la Acampada, en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a la que se han dirigido pidiendo dejar sin efecto la citada orden.
Lolo Dorta, portavoz de las familias acampadas, tachó ayer de “amenaza” la comunicación firmada por el edil de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra. “Llevamos 127 días de lucha en la calle, y, además de defendernos en el juzgado, le avanzamos al concejal que también estamos estudiando presentar una denuncia contra él y su partido, el PP, porque creemos que están haciendo aporofobia, que no es otra cosa que fomentar el odio a los pobres”, recalcó. Dorta defendió que, a pesar de lo que dice el Ayuntamiento de Santa Cruz, “no estamos incumpliendo ninguna ley, tenemos derecho a manifestarnos, es un derecho constitucional, y, por ahora, el que se está saltando la ley es el señor Guillermo Díaz Guerra, ya que nosotros tenemos permiso de la Subdelegación”.
Precisamente, lo que alega el Consistorio capitalino es que la Subdelegación del Gobierno les ha autorizado la manifestación y la concentración, pero no la ocupación de la vía pública, que así se recoge en el escrito dirigido a la Acampada, en el que se les señala que esa autorización le corresponde al Consistorio. Con este argumento se ha iniciado el proceso para proceder a su desalojo, acción esta última que, según explican desde la Corporación, no se llevará a cabo de forma inmediata, puesto que se seguirán los pasos de cualquier expediente municipal. “Ellos se agarran a que estamos ocupando una vía pública, algo que llevamos haciendo 127 días. Nosotros, cuando empezamos en Presidencia del Gobierno, preguntamos al Ayuntamiento si era necesario contar con un permiso y se nos dijo que no, que no molestábamos. Eso parece que ha cambiado al trasladarse la Acampada a la plaza Candelaria”, detalló Dorta.
El alcalde José Manuel Bermúdez reclamaba el mismo martes al Gobierno de Canarias que atendiera las demandas de los acampados y que cumpliera con la compra de las viviendas de El Tablero.
