Los letrados de la Administración de Justicia irán a la huelga el próximo miércoles

Los letrados de la Administración de Justicia, antaño conocidos como secretarios judiciales, celebrarán el próximo miércoles una jornada de huelga que amenaza con paralizar totalmente la actividad en los juzgados de toda España y que supone, según sus portavoces, el inicio de una serie de protestas al considerar que ha terminado el tiempo de la negociación.

“Iremos a la huelga el próximo 26 de enero como expresión del descontento de nuestro colectivo y punto de partida de una lucha que en los últimos años se ha visto frenada por la esperanza de alcanzar una solución pacífica que tristemente nunca ha llegado”, sostienen sus portavoces, que alertan de que durante la jornada de paro prevista para la semana que viene “implicará que miles de demandas en España dejarán de incoarse, miles de embargos dejarán de practicarse y se suspenderá cuanta operación se encuentre ligada a la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales que también gestionamos. Las subastas y adjudicaciones de bienes se verán paralizadas y los juicios suspendidos, al no poder dar fe de su práctica con todas las garantías”.

Cuestionados por los motivos concretos que sustentan dicha convocatoria de huelga, los portavoces aludidos recuerdan que “las reformas procesales y organizativas aprobadas desde 2.009 en el ámbito de la Administración de Justicia ha derivado en un notable incremento de competencias y responsabilidades del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia. El propio Gobierno, consciente del nuevo marco generado en el que cobramos un papel esencial en el funcionamiento de la Justicia, incorporó en la Ley 11/2020, de 30 de Diciembre de Presupuestos.

Generales del Estado para el año 2.021, la Disposición Adicional 157 en la que asume el compromiso de la adecuación salarial como mecanismo de respuesta a estas nuevas funciones. Este compromiso ha sido flagrantemente incumplido”, denuncian.

“Conforme a la ley -continúan los letrados de la Administración de Justicia-, somos directores de la oficina judicial, y, como tales, debemos tener el derecho reconocido a una negociación colectiva propia, representada por nuestras asociaciones profesionales, como ocurre con otros cuerpos directivos nacionales”.

una cuestión que sin duda complica este conflicto pasa porque el colectivo que nos ocupa sostiene que “no nos sentimos representados por los sindicatos generalistas y las negociaciones que éstos dicen hacer en nuestro nombre, dado que han sido perjudiciales para nuestro colectivo. De la mesa de negociación se extrae que, los que se sentaron en ella, no han hecho una defensa digna de nuestros intereses”, aseveran.