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Nicolás Fernández, presidente de ANPE: “En educación se insiste en legislar a espaldas del profesorado”

Nicolás Fernández, presidente nacional del sindicato educativo ANPE, visitó Tenerife para participar en el Congreso Sindical de la organización en Canarias en 2021, donde se abordaron los desafíos que implica la nueva ley educativa

Nicolás Fernández, presidente nacional del sindicato educativo ANPE, visitó Tenerife para participar en el Congreso Sindical de la organización en Canarias en 2021, donde se abordaron los desafíos que implica la nueva ley educativa, que ha suscitado rechazo entre el profesorado de distintas disciplinas.

-¿Qué opina su sindicato sobre los cambios en los currículos que se derivan de la nueva ley educativa?

“El desarrollo curricular va a marcar el verdadero sentido de la reforma. Hasta ahora hemos conocido solo la parte del currículo que corresponde al Ministerio, es decir, las enseñanzas mínimas, por lo que la visión es incompleta hasta que las comunidades autónomas desarrollen su parte. Será el momento de hacer una valoración definitiva, pero sí que advertimos que hubiera sido necesario y fundamental haber contado con la participación del profesorado en la elaboración de los currículos. Se insiste en el error contumaz de legislar o hacer debates y propuestas de espaldas al profesorado, ignorando que es a él a quien le corresponde, en última instancia, aplicar todas las medidas académicas aprobadas”.

-El Ministerio de Educación potencia el aprendizaje de la comprensión lectora y la expresión oral y escrita y reduce el tiempo dedicado a la técnica tradicional de analizar oraciones. ¿Le parece acertada la medida?

“No nos gustan las dicotomías en los distintos desarrollos curriculares. Naturalmente que la comprensión lectora y expresión escrita son competencias fundamentales, pero no podemos desdeñar el uso de la gramática y la sintaxis en la formación lingüística”.

-Una de las mayores protestas contra los nuevos currículos la está protagonizando el colectivo de profesorado de Filosofía, que ha recibido como un mazazo que la materia no aparezca como optativa en el borrador de decreto de cuarto de la ESO. ¿Qué opina sobre este recorte?

“Desde ANPE siempre hemos defendido un refuerzo de las humanidades. Hubiéramos estado más de acuerdo en que la Filosofía hubiera permanecido en las materias de la ESO, en una etapa obligatoria, para que tuviera un alcance mayor entre el alumnado el conocimiento de esta materia”.

-¿Qué efectos va a tener que el alumnado pueda titular bachillerato, y en consecuencia presentarse a la EBAU, con una asignatura suspensa?

“ANPE mantiene su absoluto desacuerdo con que se obtenga un título, como es el del Bachillerato, con alguna asignatura suspensa, ni siquiera en los supuestos excepcionales que incluye la norma. El mensaje que se transmite al profesorado y al alumnado es muy desmotivador, ahondando en la idea de la devaluación del mérito y del esfuerzo en unas enseñanzas que son postobligatorias. Además, la decisión de promoción no recae en un especialista de área, sino que se diluye en el equipo docente y puede generar controversia en los claustros porque, de alguna manera, esta medida menoscaba el principio de autoridad académica del propio profesorado”.

-¿Considera que la pandemia ha revalorizado la imagen del profesorado entre las familias?

“El profesorado ha dado la talla durante la pandemia tanto en la época del confinamiento como en la apertura de los centros educativos. No nos cansaremos de reconocer la competencia, profesionalidad y entrega del profesorado para suplir las carencias que el confinamiento o el modelo online ha propiciado en el proceso de enseñanza-aprendizaje”.

-¿El Gobierno central y los autonómicos se han preocupado por reforzar la formación del alumnado después del confinamiento y las clases ‘online’? ¿Y se ha sorteado la brecha digital?

“El curso 2020-21 lo afrontamos íntegramente bajo los efectos de la COVID. Se pusieron en marcha todos los protocolos sanitarios y el primer reto al que nos tuvimos que enfrentar fue el de recuperar la presencialidad en todas las etapas y combatir los déficits de aprendizaje que estaba ocasionando la pandemia desde el confinamiento inicial con la puesta en marcha de la enseñanza online. Tuvimos que alternar la educación presencial junto con la semipresencial a partir de tercero de la ESO. Por eso hemos venido insistiendo en dos aspectos claves para mejorar los rendimientos educativos: la bajada de ratios para posibilitar los apoyos y desdobles de grupos y mantener la contratación de profesorado de refuerzo para combatir las carencias de aprendizajes del alumnado. Es innegable que todo el mundo puso su mejor voluntad, pero no es menos cierto que, en esta adaptación a un sistema de enseñanza online, no todos parten en igualdad de condiciones ni tienen los mismos recursos y capacidades para hacerlo de manera efectiva, con lo cual la brecha digital ha puesto de manifiesto las enormes diferencias existentes entre el alumnado que no ha podido desempeñar en las mejores condiciones su proceso de aprendizaje. ANPE ha reclamado material tecnológico suficiente, plataformas de conectividad y formación para los docentes, asignaturas pendientes en muchos ámbitos todavía”.

-¿Cuánto durará esta ley que, como han denunciado desde su organización, no cuenta con el consenso de toda la comunidad educativa?

“Una vez más lamentamos que este nuevo proyecto no venga precedido de un acuerdo básico o un pacto de estado, o al menos un acuerdo de mínimos, que hubiera permitido sentar las bases de lo que debe ser la reforma profunda y global que necesita la educación en España y que sirviera para dotar de estabilidad normativa y perdurabilidad al sistema. Por ello, estamos ante una nueva reforma sin el mínimo consenso social en aspectos nucleares y básicos, que hasta ahora han tenido como guía el artículo 27 de nuestra Constitución y la interpretación que de ello ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Una ley que, en algunos de sus postulados, responde más a ser una moneda de cambio para otros asuntos de la gobernabilidad de España, y que nos aleja del compromiso de que la educación sea una verdadera prioridad política y social. Desde nuestra posición crítica, al igual que hicimos con la LOMCE, contribuiremos a su desarrollo y aplicación con el único objetivo de mejorar la educación y, sobre todo, presentaremos propuestas en aquellos aspectos pendientes que tienen que ver con la normativa del desarrollo de la profesión docente, que el Gobierno se compromete a presentar en el plazo de un año”.

-¿Es inviable en España alcanzar un pacto educativo, como casi ocurrió cuando Ángel Gabilondo era ministro de Educación?

“Un pacto político y territorial es inviable, pero desde ANPE demandamos un acuerdo de mínimos atendiendo al modelo y estructura del sistema educativo, a la financiación, a la vertebración educativa y a la situación del profesorado. La Lomloe nos sitúa ante una nueva ley que no viene precedida de un acuerdo básico o un pacto de estado que hubiera servido para sentar las base de lo que debe ser la reforma profunda y global que necesita la educación en España. La Lomloe nos ofrece una visión muy parcial y sesgada sobre los verdaderos retos y desafíos a los que se tiene que enfrentar el sistema educativo. Solo se abordan determinados aspectos mínimos de la ordenación académica sin modificar la estructura y el modelo de nuestro sistema educativo; en definitiva, es una vuelta a la anterior LOE con algunas modificaciones”.

-¿Qué falta?

“Esta reforma tan parcial tampoco aborda el problema de la desvertebración educativa, que nos hubiera permitido la definición de los contenidos básicos y comunes, la regulación y el derecho del castellano, haciéndolo compatible con las demás lenguas vernáculas; todo lo contrario, deja al albur de las comunidades autónomas una parte importante del desarrollo curricular y su regulación horaria. En definitiva, se pierde la ocasión de regular un marco competencial básico en el que estén perfectamente definidas las atribuciones del Estado y las de las CC.AA., para que no se resienta el principio de igualdad y de cohesión social en todo el territorio nacional. Tampoco se contempla una ley de financiación que acompañe al texto para evitar desigualdades en su aplicación en los distintos territorios. Y, finalmente, la ley relega a una disposición adicional la situación del profesorado y su futuro profesional, con todo lo que ello conlleva: el diseño de la profesión docente y un estatuto del profesorado”.

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