En una jornada en la que las mascarillas dejaban de ser obligatorias en los patios y el recreo de todos los centros educativos de Canarias y España, la tranquilidad del Centro Infantil y Primaria Isaac de Vega, en el municipio de Granadilla, se alteró tras una llamada que avisó sobre la colocación de un artefacto explosivo con el objetivo de boicotear la campaña de vacunación de varios alumnos contra la COVID, lo que obligó a desalojar a sus 430 alumnos desde los 3 a los 12 años, profesores y personal de administración y servicio. Hoy, el centro tiene previsto regresar a la actividad lectiva con normalidad.
Efectivos de la Policía Local procedieron a poner en marcha un dispositivo desde que el centro comunicó esta amenaza, acordonándose todo el entorno del colegio. Este estuvo coordinado también por la Guardia Civil y la Policía Nacional. La Guardia Civil desplegó a agentes de la unidad de seguridad ciudadana y de desactivación de explosivos (Gedex), que realizaron el rastreo y comprobación de las dependencias del CEIP Isaac de Vega sin hallar artefacto explosivo alguno.
Durante la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad fueron desalojados los 430 alumnos del centro, algunos al colegio más cercano, el anexo CEIP La Jurada, y otros al pabellón Municipal, “para mantener su seguridad y tranquilidad” ante el lógico nerviosismo y ansiedad que produjo entre docentes, trabajadores del centro y los alumnos más mayores.
El centro remitió un comunicado por las redes a las familias indicando que la persona que hizo la llamada, sobre las 9.00 horas [según pudo conocer el DIARIO, con acento o haciéndose pasar por originario del extranjero], dijo: “Hemos puesto una bomba para que no vacunen a nuestros hijos”. Además, tranquilizaron a las familias asegurando que los niños se encontraban en una “zona segura”, donde permanecerían hasta que las condiciones sean las adecuadas para poder regresar a las aulas.
La Consejería de Educación recuerda que dos asociaciones contrarias a la vacunación han remitido escritos intimidatorios tanto a la propia Consejería como a algunos centros educativos y docentes, antes incluso de que se conocieran los planes para administrar las dosis en los mismos. Por su parte, Sanidad aplazó la vacunación prevista de unos cinco menores con autorización familiar.
Traspasaron los límites
Dentro de su derecho a la libertad de expresión, así como de no querer vacunarse contra la COVID, porque no es obligatorio en España, las autoridades y la sociedad ha permitido las proclamas de los diversos colectivos antivacunas a lo largo de estos meses de pandemia. Sin embargo, se ha evidenciado que algunos miembros están traspasando los límites de la libertad de expresión vulnerando los derechos de los demás, queriendo imponer por la fuerza su pensamiento bloqueando correos electrónicos e intimidando a sanitarios, docentes y centros escolares.
Desde días antes acuden a las puertas de los centros, poniendo carteles y lanzando amenazas directas tanto a los docentes como a los propios sanitarios que acuden a los mismos, que también llegan a oídos de los menores, que pueden sentir inseguridad en sus escuelas.
La amenaza de un artefacto explosivo con el objetivo de boicotear la campaña de vacunación es un acto delictivo que llevó la intranquilidad emocional a los menores, sus familias y los trabajadores del colegio.
El Centro de Educación Infantil y Primaria Isaac de Vega, situado en la zona baja de San Isidro, junto al IES Magallanes, el CEIP La Jurada, la piscina y las instalaciones deportivas de La Jurada, toma su nombre del maestro y escritor nacido en Granadilla que obtuvo el Premio Canarias de Literatura en 1988.
Regalado: “Imaginen lo que han tenido que sufrir los padres”
El alcalde de la localidad, José Domingo Regalado, afirmó que “hubo que priorizar la seguridad de los niños y los trabajadores del centro”. Además, afirmó que “hay que imaginarse lo que han tenido que sufrir y vivir los padres pensando que podría haber una bomba en el centro”, por lo que abogó por “seguir manteniendo el civismo y la comprensión”, ya que continuamos en pandemia “con un nivel de contagios y fallecidos alto” y “respetar aquellas personas que deciden vacunarse, que es lo que recomiendan”.
Por su parte, la concejala de Seguridad y emergencia, María Candelaria Rodríguez, valoró negativamente un comportamiento “que pone en riesgo la seguridad del alumnado, los docentes y el personal del centro”, y más cuando se realiza esta grave amenaza “contra una acción que va en pro de la salud”.
Delgado: “Alteró la normalidad del centro y produjo nerviosismo y ansiedad”
Por otro lado, el director territorial de Educación de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Federico Delgado, condenó una acción “totalmente injustificada que alteró la vida del centro educativo, de su alumnado, profesorado y del resto de los trabajadores, así como de las familias”, y que quebrantó “el estado de ánimo produciendo nerviosismo y ansiedad, una cuestión que es absolutamente evitable”. Delgado transmitió un mensaje de “calma y tranquilidad” tras la vuelta a la normalidad del centro, después de la inspección de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Por último, afirmó que Educación “se compromete rotundamente a seguir adelante con la responsabilidad” de vacunar.
Contundencia
El sindicato STEC-IC manifestó su “más enérgica condena y repulsa” frente a las graves amenazas que sufren los centros y docentes por la vacunación pediátrica. “Frente a las irracionales posiciones negacionistas, recordamos que la decisión de vacunar o no es algo que solo compete a sus familias y que hay que respetar.
Son las familias las que deben decidir libremente y no bajo la amenaza y la coacción que una minoría antidemocrática quiere imponer”. Igualmente, instó a Educación y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado “a actuar con la máxima celeridad y contundencia” a fin de esclarecer los hechos y “garantizar la seguridad” de las comunidades intimidadas.
Por último, ANPE Canarias recordó que ya “había advertido de las amenazas” que estaban recibiendo todos los centros, especialmente los que se acogieron al programa de vacunación infantil, así como personal docente, mostrando su “preocupación” y opinión contraria a la vacunación en los colegios “para evitar diversos problemas”.
Ortigosa: “Hay que denunciar y perseguir a los que realizan las amenazas”
El presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife, Luis Ortigosa, se mostró muy indignado ante el suceso ocurrido en el centro de Granadilla y manifestó que “hasta aquí hemos llegado”, instando a “perseguir a los que realizan o instigan estas amenazas”.
“Los movimientos antivacunas han cruzado la raya” llamando telefónicamente a un centro escolar donde se estaba procediendo a la vacunación pediátrica y asegurando que “se había puesto una bomba para que no vacunen a los niños frente a la COVID”, según las palabras del propio amenazante.
“Una cosa es opinar y, en el caso de los antivacunas, los argumentos que utilizan habitualmente son basados en bulos y falsedades sin ningún contenido científico, pero otra cosa distinta y más grave es amenazar a los profesionales sanitarios encargados de la vacunación, y a los profesores y centros educativos. El colmo ha supuesto generar una alarma e inseguridad en un centro escolar poniendo en riesgo a los niños con el aviso de que se ha colocado una bomba”, dijo Ortigosa. “Este es el punto donde no debemos dejar que continúen. Las autoridades sanitarias, civiles, judiciales y los cuerpos y fuerzas de seguridad deben investigar, denunciar y perseguir a los que realizan o instigan las amenazas”, insistió.
AMPAS: “Es inadmisible que atemoricen a los niños, que no se sientan seguros en la escuela”
La Federación de AMPAs Galdós expresó ayer su condena y rechazo a las amenazas que sufren los centros educativos canarios. La decisión de vacunar o no a los niños “solo compete a sus familias y todos están obligados a respetar la elección. Las familias deben decidir libremente y no sometidas a un estado de terror que algunos quieren imponer”.
Desde las AMPAs se afirma que “es completamente inadmisible que atemoricen a los niños y niñas, que tengan que ser desalojados y que sientan que no están seguros en sus escuelas”. Además, rechazan amenazas a profesores y directivos.
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