
Recientemente, la inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Canarias, apartándose de los criterios seguidos por sus homólogos en la Península, y por la propia Dirección General de Tributos (DGT), ha dado un “giro inesperado, carente de toda explicación, y sin fundamento jurídico y fiscal alguno”, que anula por completo el atractivo fiscal en las inversiones en cine y en I+D+i en Canarias, con el consiguiente peligro para estos sectores en las Islas, que en los últimos años han experimentado un auge. Y es que ahora, según explicaron a este periódico fuentes del sector audiovisual, la Administración Tributaria entiende que las imputaciones que realiza la Agrupación de Interés Económico (AIE) no deben considerarse rentas generales, como expresamente recoge la Ley del IRPF, sino una suerte de rendimientos del capital mobiliario que, en cualquier caso, impide aplicar los incentivos a los que estos sectores tienen derecho. Con lo que no tiene mucho sentido.
Pero pongámonos en antecedentes. En el año 2009, el Parlamento regional decidió que Canarias debía apostar por el crecimiento y la diversificación de su economía por medio de actividades compatibles con el turismo y el respeto al medio ambiente, aportando valor añadido; y la industria audiovisual fue considerada estratégica en las Islas para alcanzar este objetivo.
Desde entonces, y con mayor incidencia en los últimos cinco años, el cine ha conseguido despegar en el Archipiélago, que se ha convertido en el plató ideal para producciones audiovisuales de primer nivel internacional y también nacional. Títulos como Star Wars, Wonder Woman, Eternals, Mamá o Papá, Hierro, Pocoyó, Hasta que la boda nos separe y artistas como Brad Pitt, Jennifer Lopez, Angelina Jolie, George Clooney o Paco León han elegido Canarias para desarrollar producciones de gran éxito. Los productores de estos títulos eligen las Islas como destino de sus inversiones económicas, en lugar de llevar dicho desembolso a otros territorios, por el Régimen Económico y Fiscal (REF), que, como otros incentivos, se halla bajo la revisión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Pero, en los últimos años, las interpretaciones restrictivas de la Agencia Estatal han provocado varios frenos al sector, hasta tal punto que estudios americanos han debido retrasar y suspender algunos proyectos en las Islas hasta tener un marco de seguridad jurídica plena. En este sentido, el sector audiovisual viene reclamando de la AEAT un marco interpretativo claro, de seguridad, sin cambios de criterio ni invenciones de requisitos que frenen la inversión en el Archipiélago.
Sin embargo, esto no ha sido así, y la industria audiovisual está de nuevo pendiente de la interpretación de la Agencia. Es claro que todo proyecto de inversión en cualquier sector de la actividad económica persigue obtener una rentabilidad económica, financiera y fiscal, al tiempo que como contrapartida genera una importante riqueza en el sector al que va dirigido. Los proyectos de inversión en los sectores del cine, así como en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), suelen articularse mediante la creación de estructuras de Agrupación de Interés Económico (AIE), para así conseguir la aplicación de ciertos incentivos fiscales, con la consiguiente creación de riqueza en estos sectores en Canarias e importante generación de empleo directo e indirecto en las islas. La figura de las AIE tienen acomodo en la propia Ley de Impuesto de Sociedades y, por su régimen fiscal, la imputación del resultado de las AIE se incluye en la renta general del IRPF. Esta imputación, hasta ahora, no ha generado litigiosidad alguna. Es más, hay consultas de la DGT que recogen este criterio de manera manifiesta.
Sin embargo, y esto es lo más sorprendente, la inspección de la AEAT de Canarias ahora contradice a la DGT y a la propia Ley del IRPF para entender que las imputaciones que realicen las Agrupaciones de Cine e I+D deben integrarse en la base imponible del ahorro en lugar de en la renta general, contradiciendo incluso criterios propios anteriores, alertan fuentes del sector.
Señalan que “la gravísima consecuencia de este inesperado criterio es impedir que los socios de las agrupaciones puedan aplicar normalmente los créditos fiscales que la Agrupación de Cine o I+D+i le haya imputado, pues, normalmente, los contribuyentes tienen rentas del ahorro inexistentes o muy limitadas, a diferencia de los rendimientos generales del IRPF”.
Este “injustificado” criterio de la Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria aplicado solo en las Islas demuestra, según el sector, “una actuación maliciosa por su pretendida aplicación retroactiva y sin previo aviso a inversores, con el consiguiente engaño en las expectativas fiscales”, y busca “imposibilitar que las producciones audiovisuales realizadas en Canarias puedan aprovechar los incentivos fiscales, así como que las entidades generadoras de I+D+i establecidas en el Archipiélago disfruten los incentivos que les reporta la normativa”.