Canarias, sobre todo en su provincia de Las Palmas, llevaba decenios conectada al Sáhara español cuando a mediados de los años setenta del siglo pasado todo se acabó. Por mucho que se viera venir, aquel impacto fue súbito, social y económicamente. Desde entonces, la suerte del Sáhara Occidental ha sido determinante para el presente de Canarias, no digamos ya su futuro. Ayer, más de 35 años después, España ha renunciado de facto a sus prerrogativas sobre el territorio. Durante el transcurso de los mismos hubo desde terrorismo a la guerra, pero sobre todo destacan miles de vidas perdidas en la peor de las rutas migratorias irregulares del planeta.
Para comprender mejor cuándo empezó a recular España sobre su control del Sáhara hay que remontarse justo al inicio de esa década de los 70 con una gran manifestación pacífica en Zemla (El Aaiún) por el Movimiento de Liberación de Bassiri, reclamando el derecho a la autodeterminación.
Tal manifestación terminó de manera violenta, dado que la policía española aplicó mano dura y provocó un baño de sangre y el encarcelamiento de cientos de saharauis, pero el mensaje caló y, la retirada comenzó a gestarse a finales de 1971 por presiones del Ministerio de Asuntos Exteriores, que promovía la descolonización del Sáhara y posterior independencia del territorio. De especial interés la carta que dirigió Franco a la Yema (consejo gobernante de ancianos saharauis entonces relevante) y que fue escrita el 27 de septiembre de 1973, en la cual se anunciaba las bases para dicho Estatuto, propuesta que fue aceptada lógicamente por unanimidad.
Pero luego llegó la catástrofe. Aprovechando la debilidad de Madrid, Hasán II invadió el territorio del Sáhara.
El 5 de noviembre de 1975 anunció que al día siguiente los civiles cruzarían la frontera. Las fuerzas españolas, siguiendo órdenes del Gobierno, se replegaron a unos kilómetros de la frontera, minaron la zona y se colocaron inmediatamente detrás. A las 10:33 horas del día 6, los primeros voluntarios de la marcha cortaron la alambrada y rebasaron la línea de demarcación, adentrándose en territorio español cercano al puesto abandonado de Tah.
Por la tarde, unos 50 000 civiles se encontraban acampados en territorio español. Una semana después se firmaba el Tripartito de Madrid entre España y Marruecos con Mauritania de invitada de excepción. Entre 1973 y 1986, el Frente Polisario llevó a cabo 289 atentados contra ciudadanos españoles, principalmente trabajadores de las minas de fosfatos de Fosbucraa, en el Sáhara, y pescadores, de Canarias, Galicia, País Vasco y Andalucía, que faenaban en aguas del banco sahariano.
Uno de ellos, especialmente recordado, fue el realizado el sábado 22 de septiembre de 1985 contra el pesquero canario El Junquito, cuando faenaba frente a la costa del Sáhara. Ametrallado desde tierra, mataron al contramaestre Guillermo Batista Figueroa, de 63 años, casado y padre de tres hijos. Y hundieron el barco.
Los seis pescadores de El Junquito, que resultaron heridos, fueron capturados por los saharauis y llevados a Tinduf, en la frontera con Argelia, donde fueron liberados seis días más tarde junto con el cadáver del contramaestre. Ese mismo día mataron también al cabo de la fragata de la Armada Tagomago, José Manuel Castro Rodríguez, el navío que había acudido, en operación de salvamento, ante el SOS emitido por El Junquito antes de su hundimiento.
En consecuencia, el Gobierno de Felipe González expulsó al Frente Polisario de España, pese a que los lazos sociales se mantuvieron con la acogida de niños saharauis refugiados en Tinduf.
Contienda
Mientras el mandato de Naciones Unidas fracasaba durante decenios (Marruecos ha prolongado una eternidad el conflicto para no celebrar el referéndum y ganar adhesiones, como la de Trump, la del canciller alemán Olaf Scholz y ahora la de Sánchez), la guerra pasó de manos. Entre 1973 y 1976, entre los polisarios y España. Desde 1976 hasta 1979, entre Marruecos (que acabó levantando un muro defensivo en el desierto), la República Árabe Saharaui Democrática y Mauritania, que acabó retirándose. Y desde 1979 hasta 1991, entre las fuerzas invasoras y la resistencia saharaui, que volvió a tomar las armas en 2020. Más tarde llegaron episodios algo chuscos como el desarrollado entre el 11 y el 20 de julio de 2002.
El casus belli fue la ocupación militar de la isla de Perejil por una dotación de presa de la Marina Real de Marruecos. Tras un cruce de declaraciones entre ambos países, las tropas españolas desalojaron finalmente a los infantes de Marina marroquíes que habían relevado a los marinos. No ayudó tampoco a la relación de ambos países, por otra parte condenados a entenderse,que la gran mayoría de los condenados por los atentados del 11-M fueran de nacionalidad marroquí, pero lo peor estaba por llegar en lo migratorio.
Primero se llamó la crisis de los cayucos, que data de 2006, cuando más de 36.000 personas llegaron a las Islas en un año. Pero lo peor se produjo en los últimos años, cuando tras reactivarse la ruta por el blindaje del Estrecho en agosto de 2019 la mortalidad se disparó, a tal punto que la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones (OIM) cifró los fallecimientos en las rutas a España en 1.255 en 2021.
ONU: de la autodeterminación a una “solución negociada”
El Sáhara Occidental está considerado por Naciones Unidas como un “territorio no autónomo” y, por tanto, pendiente de descolonización y de que la población autóctona elija sobre su futuro desde 1970, pero del dicho al hecho… La ONU, dada la ineficacia de la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso, 1991), ha ido abandonando la mención a la autodeterminación, virando hacia una “solución negociada”.
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