Las patronales sectoriales Apeca (Asociación Empresarial de Alquiler de Coches de Canarias), Ashotel (Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro), Facca (Federación de Alimentación y Artículos de Consumo de Canarias) y Femete (Federación de Empresas del Metal de Santa Cruz de Tenerife), con representación en la Junta Directiva de la CEOE de Tenerife, han remitido una carta al actual presidente de la Confederación, José Carlos Francisco, en la que le alertan de “irregularidades” y “falta de transparencia” en el proceso electoral convocado para el próximo 6 de abril, que lo relevará al frente de la organización empresarial, y que en la actualidad cuenta con dos candidaturas: la del actual secretario general, Pedro Alfonso, y la de la empresaria Victoria González, directora financiera del Grupo Chafiras.
En el escrito, las cuatro patronales firmantes piden a Francisco “la adopción de medidas que conduzcan al restablecimiento de la legalidad y el pleno cumplimiento de los principios de igualdad, libre concurrencia, transparencia y buena fe” y le exigen la convocatoria “urgente e inmediata” de una Junta Directiva para “revocar el proceso ya iniciado, aprobar una nueva convocatoria electoral y orden del día para la celebración de la Asamblea General que elegirá a la nueva plancha”.
Los firmantes denuncian entre otras cosas que el pasado 10 de febrero se convocó para el día 21 del mismo mes una Junta Directiva Extraordinaria para convocar la Asamblea General Electoral pero sin anunciarse previamente en el orden del día que Pedro Alfonso tenía la intención de encabezar una candidatura para las elecciones, que en esa misma reunión se convoca para el 6 de abril, incumpliendo los estatutos de CEOE-Tenerife”.
Además, denuncian que desde los órganos de la CEOE se enviaron cartas y comunicaciones a los miembros de la Asamblea solicitando el aval para Pedro Alfonso, y señalándolo como único candidato, cuando hasta 15 días antes de la Asamblea se pueden presentar candidaturas. En este sentido, acusan a Alfonso de utilizar los recursos “materiales y humanos de la CEOE en beneficio propio”, situando a la organización “como juez y parte de un proceso cuya imparcialidad debe garantizar precisamente la figura del secretario general”. Por último señalan que, a pesar de su dimisión el pasado 21 de febrero, Alfonso “ha sido ejerciendo sus función de secretario general en días posteriores”.
