La Audiencia Nacional continúa con la investigación del caso Arbistar, una presunta estafa relacionada con las criptomonedas por parte de la empresa Arbistar 2.0 SL y cuya cifra de supuestas víctimas ya supera los 1.120 personados, que reclaman unos 42 millones de euros, si bien la propia estimación del juez de dicho organismo judicial, José Luis Calama, estima que los afectados pueden llegar a ser unos 32.000 y que la cantidad de lo defraudo sería de, aproximadamente, 108 millones de euros, como confirman desde el bufete local Sirvent&Granados, que representa a decenas de demandantes.
Así, Calama ha ordenado varias comisiones rogatorias para rastrear los fondos de los máximos dirigentes de dicha empresa y otras del grupo en paraísos fiscales como la Isla de York, Hong Kong y las Islas Caimán.
Arbistar 2.0 SL tenía su sede en Arona
Calama, que aceptó la inhibición de un colega aronero, dado que Arbistar tenía su sede en dicho término municipal tinerfeño cuando dejó de pagar, persigue con dichas actuaciones judiciales bloquear tales fondos de modo cautelar con el evidente objetivo de evitar que los investigados eludan su posible responsabilidad patrimonial en un hechos descritos como el clásico esquema piramidal o Ponzi (por Carlo Ponzi, un estadounidense que estafó a miles de compatriotas en la década de 1920 debido a la enorme cantidad de dinero que recibió por el arbitraje legítimo de cupones de respuesta internacionales para sellos postales desviada luego a pagar lo que ya se debía con lo que entraba hasta que la pirámide se derrumbó por su falta de base). Arbistar prometía rentabilidades de hasta el 15% en criptomonedas.
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