Con el paso lento pero inflexible que caracteriza a la Justicia española, el llamado caso Arbistar va cogiendo la medida que merece un asunto donde, dada la alta valoración del bitcoin actual, pueden estar en juego nada menos que mil millones de euros.
Por eso no es de extrañar que, como es preceptivo, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona consultara ayer a las partes personadas en las diligencias abiertas tras el aluvión de denuncias por impago formuladas contra la empresa que dirigía desde el Sur de Tenerife Santiago Fuentes su inhibición en favor de la Audiencia Nacional, que curiosamente dirige un magistrado tinerfeño, José Ramón Navarro, que ha escrito varios libros sobre el Derecho y las Nuevas Tecnologías.
Habida cuenta de las características del caso, nadie duda de que finalmente será la Audiencia Nacional la que entienda de un caso por el que figuran como investigados (anteriormente imputados) no solo Fuentes, sino otras nueve personas además de la propia empresa (Arbistar).
No en balde, la legislación vigente recoge en el apartado c del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que tasa las competencias de la Audiencia Nacional y que recoge expresamente como tales las “defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”.
Razones
“Tenemos clientes procedentes de no solo Tenerife y otras comunidades autónomas, sino también de varios países”, detalla a DIARIO DE AVISOS el letrado local Isaac Pérez, responsable del Departamento de Nuevas Tecnologías del bufete tinerfeño Sirvent&Granados. Ello de por sí podría ser suficiente como para que entienda del asunto la Audiencia Nacional (lógicamente, con mejores recursos que un juzgado de Arona para afrontar un caso de las características que nos ocupa), pero además cuenta el hecho de que se tramite como fruto de una posible organización criminal lo que también figura como previsto entre las competencias de este tribunal estatal.
Cabe recordar que fue el pasado mes de noviembre cuando agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada Provincial de la Policía Judicial, procedían a la detención de Santiago Fuentes Jover, propietario de la empresa Arbistar 2.0, con sede en Tenerife y dedicada a operar con criptomonedas, entre las que la más conocida es el bitcoin.
El arresto de Fuentes tuvo lugar en el sur de Tenerife, en uno de las cuatro viviendas propiedad del acusado, quien, por seguridad, dado que decía sentirse amenazado por algunos de sus clientes insatisfechos (las criptomonedas son ideales para los delincuentes que pretenden blanquear su dinero), iba variando el lugar donde dormía.
Los agentes registraron tanto dicho domicilio como los otros tres y, tras su paso por la autoridad judicial competente, Fuentes quedó en libertad con cargos, retirándosele el pasaporte y obligándolo a comparecer cada quince días en sede judicial. Se le acusa de los delitos de fraude, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
“Con la cotización actual, estamos ante un posible fraude de mil millones”
No exageraba la Televisión Autonómica de Canarias cuando, al desvelar el caso Arbistar, habló de un posible fraude de 1.000 millones de euros. Al menos, asi lo entiende el abogado local Isaac Pérez, quien lleva las demandas de aproximadamente 40 demandas de afectados. “Para entendernos: Si hubiera sido hace un año, estaríamos ante un fraude de unos 400 millones de euros, pero con la cotización actual del bitcoin es más correcto hablar de unos mil millones de euros”, detalla el referido especialista. Para Pérez, no hay dudas de que el tema acabará en la Audiencia Nacional, mientras su bufete sigue recibiendo clientes de un caso que promete tener recorrido. “Al principio eran de Tenerife, luego de otras partes de Canarias, más tarde de otros puntos de España y ahora nos llegan desde Sudamérica”, reconoce el abogado tinerfeño. De momento, la receta de su bufete pasa por personarse tanto por lo civil como por lo penal.
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