El 50 por ciento de personas en exclusión social en Canarias se encuentran en situación de pobreza severa, lo que significa que no perciben ningún tipo de ingresos. Asimismo, más de 125.000 personas conforman la denominada ‘sociedad expulsada’ en las Islas, lo que supone que están en una situación crítica y no cuentan con elementos compensadores para salir de esta situación extrema.
Éstas son algunas de las conclusiones del Informe Foessa Canarias 2022 en el que, bajo el título ‘Evolución de la cohesión social y consecuencias de la covid-19 en Canarias’, Cáritas y la Fundación Foessa han presentado una radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia en el Archipiélago canario y que ha sido realizado a través de encuestas a 600 hogares de las Islas.
Este informe ha sido dado a conocer este jueves en un acto que ha contado con el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez: el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos; el director de Cáritas de Tenerife, Juan Rognoni; el director de Cáritas Diocesana de Canarias, Gonzalo Marrero, y Daniel Rodríguez de Blas, técnico de la Fundación Foessa y coordinador del informe.
El Informe, presentado en detalle por Daniel Rodríguez de Blas, revela que el 29 por ciento de los habitantes de la Comunidad Autónoma de Canarias, algo más de 630.000 personas, se encuentran en situación de exclusión social, mientras que las situaciones de exclusión severa se han incrementado un 15 por ciento, alcanzando a más de 300.000 personas.
Del estudio también se concluye que los niveles de pobreza monetaria y desigualdad son altos y persistentes para muchas familias en Canarias. Si bien en los últimos años se ha reducido la distancia con España, las tasas de pobreza severa en las Islas siguen siendo superiores a las registradas en el conjunto de país y afectan a cerca de 425.000 canarios.
Asimismo, el 11 por ciento de las familias canarias sufre pobreza severa, un dato que alarma sobre dos realidades: la primera es que rompe una tendencia a la baja que venía produciéndose desde 2017; la segunda, que, por su naturaleza, incrementos en este indicador suelen estar anticipando situaciones de pobreza monetaria en el corto plazo.
LA BRECHA DIGITAL, UN NUEVO FACTOR DE EXCLUSIÓN
La pandemia, además, ha destapado un nuevo factor de exclusión social: la desconexión digital, que afecta al 30 por ciento de los hogares canarios, pero en mayor medida a los hogares en situación de exclusión severa, que en un 44 por ciento se ven fuera de este mundo digital bien por ausencia de dispositivos, ausencia de conexión o ausencia de habilidades para el manejo de Internet.
Este apagón digital conlleva una pérdida de oportunidades laborales, formativas, de relación o de acceso a derechos como ayudas o prestaciones sociales. En este sentido, la población en situación de exclusión severa pierde casi cinco veces más oportunidades por culpa de este apagón digital que la población integrada.
La crisis provocada por la pandemia también está feminizando aún más el espacio de la exclusión. Así, la brecha entre los hogares encabezados por hombres y los encabezados por mujeres se ha incrementado notablemente en 2021. Como consecuencia, el 28 por ciento de los hogares cuya persona sustentadora principal es una mujer se encuentra en situación de exclusión, frente al 22 por ciento cuando esta figura es un hombre.
El Informe Foessa revela, asimismo, que ser extranjero en el Archipiélago sigue suponiendo una desventaja, pues cerca de la mitad de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero se encuentra en situación de exclusión, casi el doble que los hogares encabezados por personas de nacionalidad española.
Ser joven es otro de los factores de exclusión que ha sacado a la luz la crisis sanitaria de la covid-19. A este respecto, uno de cada tres jóvenes de entre 19 y 29 años en las Islas está afectado por procesos de exclusión social que le impiden dibujar proyectos de vida para transicionar a la vida adulta. Asimismo, la tasa de exclusión entre los hogares con niños, niñas o adolescentes es del 35 por ciento, frente al 17 por ciento cuando en el hogar solamente hay adultos.
PRECARIEDAD LABORAL
La consecuencia más visible de esta crisis se ha concentrado en la actividad económica y en el empleo. Durante esta crisis la precariedad laboral se ha triplicado en Canarias y alcanza a casi 130.000 hogares que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave, lo que significa que en el último año ha tenido tres o más meses de desempleo, tres o más contratos diferentes en tres o más empresas distintas.
Durante la crisis, la situación de que el sustentador del hogar se encuentre en paro de larga duración ha alcanzado a más de 50.000 familias en Canarias y el desempleo total familiar casi se ha duplicado, es decir, hay mas de 120.000 núcleos familiares en las Islas donde todas las personas activas están en paro. Esto hace que, a pesar del aumento de la protección social, más de 70.000 familias carecen de algún tipo de ingreso periódico o predecible que permita una mínima estabilidad.
Teniendo en cuenta de que la principal fuente de ingresos de los hogares españoles son las rentas del trabajo, la crisis sanitaria no ha hecho más que agudizar aún más la desigualdad. En términos de renta, el informe elaborado a partir de una encuesta a más de 7.000 hogares, revela que la diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado más de un 25 por ciento, cifra superior al incremento que tuvo durante la crisis de 2008.
Además del empleo, las dimensiones de la vivienda y la salud son otros grandes motores de la exclusión en el Archipiélago. Más de 180.000 hogares en Canarias han abandonado tratamientos o han dejado de comprar medicamentos por problemas económicos, una realidad que se dispara entre los hogares en situación de exclusión, afectando a más de la mitad de éstos. Asimismo, los casos de trastorno o enfermedad mental se han multiplicado por cuatro en las Islas y ahora alcanzan al 19 por ciento de la población canaria.
En el ámbito de la vivienda, la dificultad en el pago de ésta sigue siendo la casuística que más se repite. Así, más de 165.000 familias, una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca, quedan en situación de pobreza severa.
DESPERTAR LA SENSIBILIDAD
En su intervención, el obispo de Tenerife indicó que el Informe Foessa Canarias anterior ya hablaba de un índice -quizá de los mayores de España- de personas en situación de exclusión social al borde de la pobreza severa, una situación que se ha acentuado como consecuencia de la pandemia.
“Por eso tenemos que seguir conociendo la realidad, que eso despierte en nosotros la sensibilidad y la conciencia de que tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano, tal y como pretende Cáritas, al salir en ayuda de las personas más vulnerables con recursos que aportan las comunidades cristianas, entidades y empresas, así como las instituciones públicas”, expuso Bernardo Álvarez.
Por su parte, el obispo José Mazuelos incidió en que la covid-19 ha hecho “estragos” en la Diócesis de Canarias y ha generado una situación “caótica” de “paro y ruina” que ha quedado reflejada en el Informe, que viene a dar “un tirón de orejas” a los poderes públicos, que “no pueden estar tranquilos porque hay mucho que hacer y que aportar”. Por eso, espera que este estudio sensibilice a la clase política y le mueva “a buscar el bien común verdadero y de los más necesitados”.
Mientras, el director de Cáritas de Tenerife, Juan Rognoni, señaló que este estudio es fruto de un análisis “complejo y muy completo” que dibuja “una fotografía de nuestra sociedad y sus problemas sociales; una visión detallada que nos abre la posibilidad de hacer propuestas, de búsqueda de soluciones y también de toma de decisiones a todos los niveles”.
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