Mientras el actual alcalde, Gustavo Pérez, calla, su antecesor y actual primer teniente de alcalde, Airam Puerta, no ha tenido reparos en reconocer que “el desalojo de Las Bajas es un asunto muy complejo”. Admitió el derecho de los vecinos de querer regresar a sus casas, desalojados en marzo del año pasado por unas obras en el talud de ese núcleo costero, con el compromiso de que fueran a durar cuatro meses . Sin embargo, en septiembre se paralizaron, porque el Ayuntamiento se negó a pagar el sobrecoste de las mismas: de 345.000 euros presupuestado, a un millón y medio de euros.
La UTE responsable de las obras se comprometió entonces a abonar los alquileres de aquellas personas o familias que demostraran que tenían en Las Bajas su única vivienda. Al final fueron siete las que pudieron confirmar ese extremo y todas ellas fueron realojadas en diferentes pisos del municipio, con el pago de 800 euros mensuales, como es el caso de Ana y sus hijos, de 12 y dos años. Sin embargo, desde septiembre, cuando el Ayuntamiento resolvió el contrato con la constructora, esta dejó de abonar los alquileres, con lo que la deuda en algún piso llega a 9.600 euros. Así, los propietarios de estos inmuebles denunciaron ante Juzgado el impago y desde el miércoles han comenzado a llegar a los inquilinos las notificaciones con orden de desahucio, en el caso de Ana para el día 20 de junio.
Ante esta situación, Airam Puerta declaró que “el reglamento del Ayuntamiento, aunque haya pasado de una ayuda de 1.000 a 2.500 euros, no nos permite pagar alquileres de manera permanente. Nos enteramos ayer de esas notificaciones de desahucio y ahora estamos viendo la posibilidad de que esos vecinos puedan regresar a sus casas, pero, para ello, como le indiqué a su abogado, tendrían que solicitar un informe técnico que avale que hay seguridad en la zona, algo que entiendo es así, porque antes había un macizo resquebrajado de basalto y ahora está compacto con hormigón proyectado”.
Otra de las soluciones que expuso Puerta para levantar el precinto es que Servicios Sociales emita un informe de vulnerabilidad de los afectados y se pueda paralizar el desahucio de los alquileres, mientras espera por 26 viviendas sociales que el Gobierno de Canarias tiene que construir en el municipio, obra que aún debe salir a licitación.
