El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife revisará la señalización de estacionamientos existentes en algunas aceras del municipio, lo que facilitará la retirada de los vehículos de movilidad personal (VMP), al decaer la ordenanza de circulación y movilidad aprobada en 2019.
En un comunicado, la corporación local da cuenta de un auto emitido por el Tribunal Supremo el pasado día 23 en el que inadmite el recurso del Ayuntamiento para evitar la anulación de dicha ordenanza.
Y avanza que ya se está trabajando en una actualización de la misma con la idea de tenerla aprobada en un plazo de cinco meses.
Esta anulación de la ordenanza propicia que “estaría vigente una prohibición general para que cualquier vehículo estacione en las aceras”, reza el comunicado del Ayuntamiento de Santa Cruz.
La futura regulación en lo que a los VMP se refiere incluirá limitaciones, condiciones de las concesiones o registro de los mismos.
La concejala de Seguridad y Emergencias, Evelyn Alonso, explica que el nuevo documento será “acorde con la realidad actual de la movilidad y las necesidades de Santa Cruz” y su elaboración contará con procesos de participación e información pública para “aglutinar todas las sensibilidades e intereses de la ciudadanía”.
Hasta que esté lista la nueva ordenanza, la corporación local tiene “un margen abierto para regular, vía decreto, cualquier situación que demande una solución o determinación urgente”, precisa Alonso.
Según el criterio de los técnicos municipales, se debe aprovechar este proceso de redacción de la nueva ordenanza para trabajar, en paralelo, sobre la regulación de las denominadas zonas de bajas emisiones.
Además, mientras se perfila la nueva normativa de movilidad existe el compromiso del Ayuntamiento de Santa Cruz para revisar las disposiciones que se mantienen y las sanciones que se habían incorporado con la ordenanza ahora derogada.
De hecho, ya se ha tomado la decisión de iniciar el trámite de anulación de oficio de aquellas que pudieran verse afectadas por la decisión del Tribunal Supremo.
En todo caso, la concejala puntualiza que “el 90 por ciento de las sanciones que se tramitan se fundamentan en incumplimientos de la legislación estatal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial”, por lo que calcula que “no habrá demasiadas anulaciones desde el 23 de mayo”.
Respecto a la sentencia del Supremo, recalca que “no entra a valorar el contenido de dicha ordenanza y se motiva en la ausencia de un certificado de una comisión informativa incluida en la tramitación de la misma”.
Por tanto, “se mantiene la sentencia de diciembre de 2020 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al respecto”, concluye la nota.
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