El soterramiento de la mayor parte del trazado de la variante de la TF-5 “va a suponer que en lugar de afectarse a 300 viviendas, que podrían ser incluso objeto de actuación expropiatoria, solo se vaya a afectar a 50”.
Así lo afirmó ayer el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, en respuesta a una pregunta formulada durante el Pleno, y recordó, además, que “el plan insular de ordenación define la variante de la TF-5 como una pieza viaria con una funcionalidad propia, que es la de dividir el tráfico Norte-Sur del que se integra en la ciudad, respondiendo a un anhelo del municipio de terminar con un dique que impide a La Laguna unir la ciudad y proyectar hacia el sur su crecimiento futuro”.
El edil explicó, además, que se han formulado varias alegaciones al proyecto del Gobierno, en exposición pública, “insistiendo en que esa solución debe ser soterrada”. “Y se le ha vuelto a decir que esa vía es una pieza viaria independiente prevista por el plan insular, aunque pudiera enlazarse si se construyera con la autopista exterior, a la que esta Corporación se opone”. Además, “le hemos dicho al Gobierno que hay algunos inmuebles que deben ser objeto de atención, porque aunque no están en las relaciones de bienes con valores patrimoniales insulares, sí lo están en el catálogo de La Laguna y que ahora está en revisión”, añadió.
Y, por último, Santiago Pérez indicó que “le hemos planteado al Gobierno que debe realizar un estudio para determinar, no a efectos de precio expropiatorio que tendrá que ser el que sea, sino a efectos de atención a las familias, cuales de los inmuebles que puedan verse afectados son viviendas de primera residencia y cuales no”.
La variante de la TF-5 fue objeto de otra moción presentada por el concejal no adscrito Alfredo Gómez, en la que solicitaba que el Ayuntamiento se posicionara en contra del proyecto por “el claro perjuicio que supone para el importante suelo agrícola y ganadero afectado”. En esta línea, el portavoz de CC, Jonathan Domínguez, añadió que, a su juicio, este proyecto “no soluciona el problema del colapso de la TF-5” y que en su memoria “el equipo técnico especifica que es la primera fase de la vía exterior”, así como que “se soterra por indicaciones de AENA”.
La moción no salió adelante, aprobándose, en cambio, una enmienda del grupo de Gobierno, en la que el Ayuntamiento insta “a las administraciones a primar el desarrollo de los sistemas BUS-VAO, como método de actuación más eficiente y soportable en el tiempo ante posibles crecimientos de movilidad, como así se recoge en el proyecto de variante de la TF-5”; así como instar al Cabildo a “la realización de un Plan de Movilidad Insular, concretando para el caso de La Laguna las necesidades del área metropolitana”; y exigiendo “la supresión definitiva de la autopista exterior del planeamiento” de la Isla, por lo que “manifestamos nuevamente la voluntad de defender y proteger el suelo agrícola y natural del municipio”.
Por otra parte, el Pleno también aprobó de forma definitiva la nueva Ordenanza Municipal Reguladora del Taxi, con la abstención de Unidas se puede, ya que, aunque “agradeciendo tener una ordenanza y el enorme esfuerzo realizado”, tenían dudas en el punto relativo a la central de comunicaciones, explicó su portavoz, Rubens Ascanio, en base a las alegaciones presentadas por una asociación.
Asimismo, se aprobaron, por unanimidad, varias mociones para, por ejemplo, la creación de una comisión mixta de fiestas populares y tradicionales, para declarar la Librea de Valle de Guerra Fiesta de Interés Turístico de Canarias y otra, a propuesta de CC, para que el Ayuntamiento siga colaborando, con los medios a su alcance, incluidos los económicos, en las actividades que los diversos colectivos y entidades lleven a cabo con motivo de la conmemoración del 425 aniversario del fallecimiento de San José de Anchieta, el próximo 6 de junio.
También salió adelante la moción presentada por el grupo de Gobierno, y que defendió la concejala Idaira Afonso, para federar a menores migrantes en la práctica deportiva, con la abstención de Cs y el voto en contra del PP, que argumentaron que, aunque estaban de acuerdo con el fondo de la petición, tenían dudas respecto a que se pudiera realizar por cuestiones normativas y legales.