El Ayuntamiento de Buenavista del Norte presentó un segundo recurso contra la sanción del Consejo Insular de Aguas (Ciatf) porque la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) ubicada en la vía de acceso a la playa de Los Barqueros no cuenta con la autorización administrativa necesaria para poder depurar y verter aguas residuales al subsuelo, algo que viene haciendo desde su puesta en funcionamiento.
El Consistorio presentó en noviembre del pasado año un pliego de descargo contra la propuesta de sanción, que asciende a 60.000 euros, debido a que los vertidos están tipificados como “muy graves” por los técnicos del citado organismo, adscrito al Cabildo de Tenerife.
“Los argumentos del Ciatf son los mismos pese a que el expediente se paralizó para hacer unas comprobaciones tras nuestras reclamaciones y por eso hemos vuelto a presentar otro recurso”, confirmó a este periódico el alcalde de Buenavista, Antonio González Fortes. “Le he manifestado al consejero que lo ideal es que el expediente se cierre porque hay argumentos jurídicos por nuestra parte que invitan a hacerlo”, sostuvo el mandatario.
En concreto, se refirió a las “contradicciones” del expediente, en el que no se indican cuáles son las aguas afectadas ni se precisa el daño ocasionado al dominio público hidráulico y no cuenta con informe técnico alguno que determine el perjuicio asociado a dicha sanción.
El 21 de abril se celebró una reunión con el gabinete jurídico del Ciatfe y, según González, “quedó claro que el expediente emana de un proceso que ellos lanzan de oficio en agosto de 2019 al tener conocimiento de que allí había una estación depuradora, cuando nosotros reflejamos desde 2004 que en los informes del Ciatfe sobre el Plan General ya existía”. Además, añadió, en 2016 “se hizo una planificación para la depuración en toda la Isla, en la cual se basó la financiación que el Cabildo otorgó al Ayuntamiento en 2017 y 2018, en la que desde el organismo se hablaba de las condiciones en las que se encontraba la depuradora”.
González insistió, como lo ha hecho desde el momento en que se conoció este asunto, que la sanción “no tiene sentido” y considera que “es un castigo” al Gobierno local (Sí se puede-CC) por su postura con la depuradora comarcal y su apuesta por una depuración natural. Sin embargo, dijo que le preocupaban “las posibles responsabilidades penales que se puedan derivar y el Ciatf, como organismo regulador, también las tiene, porque es conocedor de cómo se encuentra la EDAR en los últimos 20 años y, por lo tanto, debería ser el principal interesado en que esta situación se resuelva”. El alcalde advirtió, asimismo, de que llegará “hasta las últimas consecuencias” y no descartó acudir a la vía judicial, porque entiende que la multa “no solo no tiene razón de ser, sino que le están dando al Ayuntamiento una responsabilidad que es de ellos” y, además, “jurídicamente se ha hecho mal”.
La versión sobre este asunto del consejero insular de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez Medina, es diferente. Recordó que debido a la gravedad de los vertidos la administración pública que resuelve es el Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático, tras analizar la propuesta y la sanción que eleva el Ciatf. Al respecto, adelantó que esta misma semana el organismo emitirá su segunda resolución tras el nuevo recurso presentado.
“El expediente se tiene que concluir, no se puede cerrar por unos vertidos que existen, que cualquiera puede ir allí a comprobarlo”, declaró Rodríguez.
Reconoció que la depuradora es muy antigua, “pero un técnico que participó en la última reunión aseguró que estuvo funcionando durante muchos años hasta que en 2019 se constató que la situación había empeorado, que el motor que hace girar el disco no funcionaba y, por lo tanto, no se estaba generando el proceso que depuraba el agua, aunque no lo hacía de forma óptima”.
Respecto a la decisión del Consistorio de ir a la Justicia, Rodríguez espetó: “Lo relevante es el vertido que se está produciendo y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Es una resolución impecable, que va sobre unos hechos constatables. Espero que el Consistorio centre todos sus esfuerzos en acabar con los vertidos y no en iniciar un procedimiento que a mi forma de ver no tiene sentido”.
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