El empresario Francisco Jiménez, propietario de Camello Safari Dunas, que organiza paseos en dromedario para turistas por las Dunas de Maspalomas (Gran Canaria) ha denunciado este martes que, debido al proceso iniciado por la Demarcación de Costas para recuperar el suelo que utiliza, se podría ver abocado a sacrificar a unos 150 camellos.
En declaraciones a los medios, Jiménez ha advertido de que la continuidad de este servicio, por el que los turistas pagan entre 10 y 15 euros por un paseo de media hora, peligra, ya que, según ha relatado, Costas le insta a derruir el edificio que utiliza como base de operaciones y a abandonar el espacio por carecer de título concesional.
El origen de este hecho es una revisión del deslinde del dominio público marítimo-terrestre tras la cual toda la zona, también donde se encuentra el edificio que utiliza como oficina y lugar de descanso de los dromedarios, pasa a ser de dominio público “pese a que la infraestructura se encuentra a un kilómetro de la playa”.
Jiménez ha añadido que la petición de Costas de derribar esa infraestructura le supondría “unos 300.000 euros sin contar con las indemnizaciones a los trabajadores”, y a lo que habría que añadir el coste de cada sacrificio, de unos 300 euros por dromedario.
De su empresa, ha apuntado, dependen entre 15 y 20 familias según la época del año, que, de cesar la actividad, se quedarían sin empleo.
El empresario ha expresado que además del deslinde, uno de los razonamientos por los que Costas busca recuperar el suelo y le pide abandonar el espacio que ocupa se basa en justificaciones de carácter ambiental que cuestiona.
Los camellos, ha expresado, “llevan aquí 50 años, desde 1961”, cuando “no había nada” y empezaba a despuntar el turismo, ha resaltado Jiménez, quien ha defendido que estos animales “están muy vinculados a la historia de Canarias”.
“Sería el primero en irme si de verdad perjudicásemos a las dunas, pero no es el caso”, ha insistido Jiménez.
Respecto al inicio de su actividad, el empresario ha declarado que comenzó con un acuerdo verbal con el que en su momento era el secretario de la Gobernación Civil, en 1977, y que, tras pedir los permisos a Turismo y Medio Ambiente, hubo “silencio administrativo”, por lo que entiende que su actividad empresarial puede seguir desarrollándose.
Tras todo eso, ha agregado, hace más de una década, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana declaró su actividad como de interés cultural, un hecho que, a su juicio, reforzaría la legitimidad de su actividad.
“Estoy bastante confundido porque no veo una razón para que nos marchemos”, ha concluido Jiménez.
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