El Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha archivado una querella interpuesta por el Comité de Empresa del Instituto de Atención Social y Sanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife por el expediente abierto para el traslado de los usuarios y los servicios del Hospital Febles Campos al Seminario del Obispado, a resultas de la cual estaban siendo investigados los componentes del actual equipo del Gobierno insular, empezando por su presidente, Pedro Martín, y la consejera del área, Marián Franquet.
Dicha decisión judicial fue adoptada por la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres en un auto que no ofrece dudas sobre tres cuestiones. La primera (y fundamental, claro) es que no se aprecia la comisión de delito alguno por este asunto por parte de los hasta ahora implicados. Pero también que la magistrada obra con un evidente conocimiento de la causa en cuestión, lo que le permite valorar los hechos sin reparar en mientes sobre quién está involucrado, pero sí acerca de cómo se hacen las cosas. Y, en este sentido, hay para todos.
Por una parte, Lorenzo-Cáceres descubre un hecho trascendente para la causa, como es que, en realidad, “no consta resolución administrativa de adjudicación [de un supuesto contrato del Cabildo con la empresa Clece SA] y únicamente consta la resolución de inicio” del expediente abierto por el IASS para el arrendamiento de un Centro Sociosanitario, habilitado en las antiguas dependencias del Seminario y de un edificio anexo al mismo, para el traslado del Hospital Febles Campos y de la Residencia de mayores de Ofra, durante la ejecución de las obras de demolición y construcción de los nuevos centros por un importe aproximado de 20.000.000 de euros por la citada Clece. Como determina la legislación vigente, si no existe tal resolución administrativa, no hay base posible para la prevaricación administrativa.
Autorizadas
Además, la jueza resalta lo declarado en sede judicial por voces autorizadas como resultaron ser las de la anterior responsable del IASS, Juana María Reyes, y la exdirectora médica del Febles Campos durante 14 años, Guadalupe González. En el caso de Reyes, al constatar que “era normal y habitual en el lASS” este tipo de proceder con Cecle SA (habitual prestadora de estos servicios a la administración), “al igual que otras no formalidades para dar cobertura a la asistencia y prestaciones, como, por ejemplo, con las prórrogas de algunos contratos”. En cuanto a González, no dejó dudas de que este fallido traslado de pacientes es urgente desde hace años, y que la sobrevenida inclusión de un segundo inmueble anexo al del Obispado obedeció a “un criterio médico y objetivo”.
A la hora de descartar la posible comisión de los otros dos delitos de la querella (malversación y tráfico de Influencias), para la jueza queda acreditado que hubo publicidad suficiente (como reconoció también Reyes) y que Clece SA “no es una empresa de nueva creación ni que haya sido diseñada para lograr la adjudicación de este contrato, pues [lleva muchos años] operando con importantísimos contratos en la administración pública, algunos de mayor partida presupuestaria a este y por importe de 80 millones de euros, con el mismo objeto o similar al que da lugar al contrato (…) sin que hayan causado en este momento, ni el resto de los querellados, con su proceder, daño público alguno”.
Lo peor es ahora para Clece, que se ha gastado “varios millones de euros” en unas obras para un contrato que, como dijo el representante de la empresa en sede judicial y recoge el auto que nos ocupa, “por el devenir de lo sucedido tiene más que asumido (…) que no se le va a adjudicar” finalmente y por el que no ha cobrado ni un euro.
La desconfianza ante la baza del edificio Plasencia “no parece ilógica”
Lejos de rehuir lo polémico del asunto, la magistrada Lorenzo-Cáceres y Farizo no duda en analizar en su auto de archivo la alternativa de un inmueble situado junto al Auditorio, que el constructor Antonio Plasencia entregó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como parte de la condena por el caso de Las Teresitas, y que finalmente albergará los juzgados dispersos de la capital. A este respecto, “no parece ilógico pensar que al grupo político [gobernante hoy en el Cabildo] le albergaran dudas en la adquisición de un inmueble tan polémico dado el origen del mismo”. Y más teniendo en cuenta que lo propuso Coalición Canaria…
