La Concejalía de Servicios Públicos ha finalizado la comunicación que ha venido realizando a los aparcamientos públicos de Santa Cruz, que deben regularizar sus tarifas al no ajustarse a lo recogido en los pliegos que permitieron su adjudicación. El último estacionamiento de la lista es el de plaza de España, gestionado en la actualidad por Interparking Hispania, al que se le ha dado un mes para cumplir con la bajada de precios que estima el Ayuntamiento que ha de aplicar, ya que sus tarifas son el 38% más altas de lo que debería. Concretamente, el área, que dirige el concejal del PP Carlos Tarife, ha ordenado que se rebaje el precio de la hora de aparcamiento de los 2,1 euros actuales hasta los 1,5, que es lo que debería estar cobrando.
La fórmula para saber exactamente cuánto se debe cobrar viene recogida en los pliegos de adjudicación, por lo que desde el Ayuntamiento se aclara que las cantidades que se establecen no son algo arbitrario.
En cuanto al canon, la otra variable de la adjudicación, que también ha sido revisada por Servicios Públicos, el parking de Plaza España debe abonar al Ayuntamiento algo más de 20.000 euros en concepto de actualización de ese canon desde 2018 hasta la actualidad, ya que son los únicos años que no han prescrito.
La cantidad que se adeuda procede de las diferencias con lo que se tendría que haber pagado anualmente y lo que realmente se pago, de forma que se venía abonando de la orden de unos 2.000 euros menos al año que lo establecido según los pliegos. Para este año, además, se fija un canon de 7.960 euros, que se ajusta al nuevo precio estimado por el Ayuntamiento.
Con este último aparcamiento, Servicios Públicos da por finalizada la comunicación de las irregularidades detectadas en siete estacionamientos de la ciudad, cuyas concesiones tuvieron lugar hace ya más de 20 años en muchos de los casos, en los que, además, se observa cómo los adjudicatarios originales subrogaron sus contratos a otras empresas que son las que ahora gestionan esos estacionamientos públicos.
La mayoría de las irregularidades fueron corregidas tras el primer estudio realizado en 2017, pero no las tarifas, que fue lo que originó un segundo estudio personalizado de cada uno de los aparcamientos públicos, arrojando dicho informe que todos habían subido sus precios sin la preceptiva autorización del Ayuntamiento, por lo que ahora se considera que son irregulares.
Tarife ya ha advertido que, aunque todos los concesionarios están presentando alegaciones a esta imposición del Consistorio, finalmente, si no se cumple con la orden dada por Servicios Públicos de ajustar sus tarifas, acudirá a un contencioso-administrativo para que sea un juez el que dictamine qué tarifa se debe aplicar.
Los aparcamientos a los que se les ha comunicado que deben rebajar sus tarifas y actualizar el canon que pagan al Ayuntamiento son los de Tomé Cano, Weyler, Estadio, Puente Serrador, El Pilar, Ramón y Cajal, además del de la plaza de España
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