La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, y el responsable de la empresa RR7 United Limited SL, Rayco Rubén González Sánchez, por el pago de cuatro millones de euros en mayo de 2020 por una partida de mascarillas que nunca se entregó a la sanidad pública, el conocido como caso de las mascarillas.
Según han confirmado a Efe fuentes del Ministerio Público, Anticorrupción aprecia indicios de que en esa operación se cometieron delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales.
En la querella, registrada este martes, la Fiscalía pide que también se investigue por esos hechos a la entonces directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez.
Anticorrupción ha solicitado en los últimos meses a la Consejería los contratos con RR7 United, resoluciones, informes jurídicos y demás información en el marco de unas diligencias preliminares de investigación en las que tomó declaración a los implicados, así como a varios funcionarios, sobre el contrato de emergencia suscrito entre el SCSy esa empresa el 25 de mayo de 2020, además de al denunciante de los hechos, el empresario Juan Manuel Pérez León.
Este último había pedido que se investigaran 59 operaciones de compra de material contra la covid-19 realizadas por la Dirección General de Recursos Económicos del SCS entre 2020 y 2021, por valor total de 32 millones de euros.
Según pudo comprobar Efe en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias, en el caso que ha dado lugar a la querella de la Fiscalía, la directora de Recursos Económicos decidió resolver el contrato adjudicado a RR7 United el 13 de mayo de 2021, al no haber recibido la partida de un millón de mascarillas por las que había abonado por anticipado cuatro millones de euros y exigió el reitengro de los fondos, lo que se notificó a la empresa el 31 de mayo.
RR7 United, posteriormente, el 29 de junio de 2021, presentó un escrito en el que exponía su intención de cumplir con lo pactado y efectuar cuanto antes la entrega del material contratado.
Ante la imposibilidad de suministrar las mascarillas N95 de la marca 3M, como se había comprometido, solicitó autorización para el cambio de modelo por otras tipo FFP3 NRD, del fabricante Honeywell, y que se dejase sin efecto la resolución del contrato.
Según recogen los documentos publicados en el Portal de Transparencia, el SCS accedió a ese cambio al estimar que “se mantenía la necesidad del material objeto de contratación” y por “principios de interés público, racionalidad y eficiencia”.
Para ello, el 14 de julio de 2021 contactó con la empresa a efectos de valorar la modificación propuesta y ajustar el contenido de la prestación a los precios actuales de mercado, considerando que se mantenía el equilibrio económico del contrato con un incremento en el número de unidades a suministrar del 20 % (se pasaba de 1 a 1,2 millones de mascarillas).
Sin embargo, RR7 United tampoco entregó las mascarillas Honeywell, por lo que Sanidad volvió a resolver el contrato.
Al darse a conocer el caso, el director del SCS, Conrado Domínguez, explicó que el organismo que dirige había iniciado todos los procedimientos administrativos para recuperar el dinero adelantado y recordó que en esa época se efectuaron más de 15 contratos de este tipo y que todos se completaron “con una satisfacción importante, porque todo el material llegó y fue utilizado para proteger a los profesionales sanitarios y a los ciudadanos”.
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