El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra, entre otros, el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, por el pago de cuatro millones de euros por la compra de mascarillas que nunca se entregaron.
En la querella de la Fiscalía también está incluida la directora general de recursos económicos del SCS, Ana María Pérez, y el responsable de la empresa RR7 United, RAyco Rubén González, y se les acusa de los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales relacionados con el llamado caso mascarillas.
La autoridad judicial ha ordenado la práctica de todas las diligencias que solicitaba el Ministerio Público en su escrito, informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
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