El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha insistido este martes en el pleno del Parlamento de Canarias que en el conocido como caso mascarillas lo importante es que “caminamos en la recuperación de los recursos, que es el principal objetivo, además de colaborar con la justicia”.
Blas Tujillo, que ha comparecido a petición del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) para hablar de la situación administrativa y procesal del citado caso, en el que la administración autonómica pagó cuatro millones de euros a la empresa RR7 United SL por una material que nunca se recibió.
El consejero ha recordado que se ha abierto un procedimiento judicial en el que el gobierno regional colabora, y ha reiterado que es cierto que en el contrato hay un incumplimiento por parte de la empresa contratada, así como que el ejecutivo canario intentó el embargo de la empresa para recuperar el dinero.
Ha indicado que se quiere recuperar el dinero abonado, más los intereses, así como indemnización por daños y perjuicios, hasta un total de 9,4 millones de euros.
El diputado del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) José Alberto Díaz-Estébanez ha estimado decepcionante la comparecencia del consejero, quien a su juicio se empeña en decir que todo está bien, y ha considerado que la raíz de los males está en el hecho de que el ejecutivo canario es incapaz de reconocer siquiera un error después de perder 4 millones de euros.
José Alberto Díaz-Estébanez ha vuelto a preguntar quién tomó la decisión y quién la autorizó, así como con arreglo a qué criterios se consideró adecuada la empresa y por qué el gobierno regional tardó más de seis meses en hacer el primer requerimiento tras el incumplimiento.
Además, el diputado del grupo Nacionalista preguntó quién decidió renegociar con los estafadores cuando el contrato estaba extinguido, y, entre otras cuestiones, también interpeló al consejero los motivos por los que no se informó durante más de dos años.
El consejero replicó que las preguntas con consejero tienen respuesta en el portal de transparencia del gobierno canario.
Además, el diputado José Alberto Díaz-Estébanez ha recordado que en aquel momento el consejero de Sanidad era Julio Pérez, mientras que el director del Servicio Canario de la Salud era Antonio Olivera, y el actual director de este servicio, Conrado Martínez, era secretario general técnico.
En cuanto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha añadido el diputado del grupo Nacionalista, presidía el comité de gestión que aprobó el contrato, y preguntó que tiene relación personal con algún miembro de la empresa implicada.
La diputada del grupo Mixto Vidina Espino ha mostrado su confianza en la Justicia y ha añadido que una vez pasada la urgencia se puede analizar si hubo alguna irregularidad o delito en aquella actuación.
Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, también se ha mostrado partidario de dejar que actúe la Justicia por una actuación que se llevó a cabo en una “jungla” y ha opinado que ha habido transparencia por parte del ejecutivo canario.
La diputada de Sí Podemos Canarias María del Río ha insistido en que su formación quiere que se esclarezcan los hechos y que se devuelvan los 4 millones de euros a la hacienda canaria-
Esther González, de Nueva Canarias, ha dicho que no tiene sentido tratar este asunto por enésima vez cuando no hay novedades de relevancia, pero ha considerado que se trata de buscar titulares, y ha aseverado que lo principal es recuperar el dinero.
La diputada del grupo Popular María Australia Navarro ha opinado que el consejero ha pedido una quinta oportunidad para aclarar la turbia compra de las mascarillas, y ha dicho que respetando la presunción de inocencia reclamará responsabilidades políticas.
Marcos Hernández, del grupo Socialista, ha señalado que el contrato fallido se tramitó por la situación de emergencia, y por ello era excepcional la actuación.
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