La consejera de Medio Ambiente del Cabildo palmero, María Rodríguez Acosta (PSOE), presentaba el pasado 23 de junio la campaña contraincendios insular, en la que participarían más de 400 efectivos y que, según previsiones, se prolongaría hasta 2023. No obstante, ayer Comisiones Obreras sembró dudas sobre la operatividad y capacidad de actuación de las personas que tendrían que hacer frente a un virtual incendio forestal. “¿Cuántos de ellos están aptos para estar en primera de fuego con el material y medidas de protección para realizar la labor de extinción?”, se preguntaba la formación sindical a través de un comunicado.
Para la organización de trabajadores, el Área padece “déficit de personal”, de ahí que se cuente “con algunos retenes de únicamente cuatro personas, cuando su composición natural y de efectividad debería ser de siete”. A ojos de CC.OO., esto provoca que determinados grupos, tal y como están concebidos en la actualidad, sean “prácticamente inoperativos” frente a una emergencia. “Sumamos a ello la falta de conductores de vehículos especiales y la falta de Jefe de Servicio tras la jubilación del anterior”, subrayaron.
Por otro lado, aludieron a “promesas no escritas” de la titular de Recursos Humanos, Nayra Castro (PP), en lo referido a “aumentar la plantilla”. En este sentido, afirmaron que se “arrastra” escasez de personal y se cuenta “con plazas vacantes dotadas de presupuesto”. De hecho, señalan a un presunto agravio comparativo entre los integrantes de los cuerpos dependientes directamente del Cabildo respecto a los externalizados por medio de la empresa pública Gesplan.
De acuerdo con el sindicato, a los miembros de dicha compañía la institución insular “les va a habilitar dependencias con las comodidades propias para realizar sus turnos de descanso y comidas”. “Nos parece bien que busquen soluciones para este personal, pero que también lo apliquen a nuestros propios trabajadores, los cuales, en algunos casos, ni tienen duchas, ni cocina, ni un sitio para resguardarse, e incluso se encuentran en lugares prestados”, concretaron.
Como eje central de las críticas se halla el riesgo de “privatización”. Es por eso que ponen de relieve que “no se puede abogar, como políticos, por crear trabajos estables y, a la vez, destruirlos”. El comunicado concluye con un mensaje, y es que esperan que el Gobierno PP-PSOE y la oposición (CC) “tomen nota, porque también serán responsables de lo que pueda pasar”.
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