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Felipe Afonso: “Debemos tener la sensibilidad para poner en los presupuestos lo que se merece la dependencia”

El adjunto primero del Diputado del Común y responsable del Área de Dependencia, lamentó que 9 personas fallecieran diariamente en 2021 en las listas de dependencia, datos que empeorarían si las 30.000 personas que no confían en el sistema entraran a demandar sus servicios
Felipe Afonso: “Debemos tener la sensibilidad para poner en los presupuestos lo que se merece la dependencia”

El adjunto primero del Diputado del Común y responsable del Área de Dependencia, Felipe Afonso, lamentó que 9 personas fallecieran diariamente en 2021 en las listas de dependencia, datos que empeorarían si las 30.000 personas que no confían en el sistema entraran a demandar sus servicios.
-El informe muestra una realidad muy cruda
“Los datos de la Dependencia y la Discapacidad en Canarias son incuestionables. Es un informe en positivo, pero reflejamos la durísima realidad de las personas en Dependencia, su vida es muy dura, por ser personas con dolores, que suele estar encamado, que depende de otra persona. También es dura para la familia, cada vez más reducida y dispersa, porque al sufrimiento permanente de ver a tu padre, madre, hijo, hermano o familiar se une la complicación que significa atenderlo las 24 horas, porque tienes que trabajar y no puedes hacerlo bien, y si no trabajas sin ingresos estás condenado a una pobreza permanente. Desde las Administraciones intentan paliarlo, pero no funciona, no se están respetando los derechos a los más vulnerables”.
-¿Cómo lo regularizamos?
“Es necesario un gran pacto político y entre todas las Administraciones públicas canarias. Las propuestas que planteamos no son inventadas, es lo que se está haciendo el resto de España, donde las cosas funcionan. En esas regiones, hay un impulso en sus presupuestos, algunas tienen el triple por habitante que nosotros. Ese es un problema que trasciende de la Dirección General, es de estructura de presupuestos y de prioridades globales de la Comunidad. Si tenemos menos de la mitad del presupuesto medio de España o su personal es temporal, eso también escapa de su ámbito. Tampoco se habla tanto del dinero de los servicios para personas dependientes, que todos lo seremos algún día y necesitaremos alguna ayuda. Si no somos solidarios con los más vulnerables, ¿Con quién lo vamos a hacer?. Tampoco se habla del dinero para centros sociosanitarios. La población continúa envejeciendo y, aunque todos quieren estar en su casa, la realidad es que hay quienes viven solos, su hogar no reúne condiciones o gritan por la noche. Otras medidas son tener un buen sistema tecnológico y una simplificación administrativa. Y, sobre todo, vemos una medida estrella para bajar la lista de espera es la de cerrar acuerdos con los Ayuntamientos, serían 88 instituciones más haciendo informes sociales. Si un trabajador tiene que acudir desde Santa Cruz a Santiago del Teide para hacer un informe, perderá todo el día, mientras, si lo hiciera su municipio, posiblemente ya conocerá a ese usuario. El Gobierno regional debe financiarlo. Con esta medida bajaríamos de manera espectacular los tiempos de espera”.
-¿Cómo llegaron a esas conclusiones y propuestas?
“Hemos realizado 19 grupos de propuestas después de reunirnos con mucha gente del sector, colegios profesionales, funcionarios, asociaciones de familiares, y tras pedir información a los Cabildos, a la dirección General de Dependencia y Discapacidad y a todas las regiones sobre cómo funcionan. Ha sido un trabajo muy participativo y transparente, porque todas las propuestas que nos hacen están recogidas en el anexo de manera íntegra y transparente. Las 19 medidas están contrastadas, cada uno le pone su matiz pero el grueso se está aplicando en otros lugares. Lo que hay que hacer en Canarias es poner más presupuesto, recursos tecnológicos, más personal, simplificar trámites y colaborar entre las distintas administraciones, dedicándose especialmente a los tipos de colectivos. Hay que tener la infraestructura sociosanitaria para atender a las más de 3.000 personas que están esperando por una plaza a la que tienen derecho. Es necesario un gran pacto por la Dependencia”.
-¿Qué le ha impresionado?
“La vida de un dependiente es muy dura. Si tiene una altísima discapacidad vive encamado o no puede valerse por sí mismo. También es dura la vida de su familia que lo ve sufrir, y además tiene que prestarle atención y cuidados, en algunos casos las 24 horas. Si no trabajan no comen y viven en la pobreza permanente, y si trabajan dejan solo a su familiar. Si además se suma que llevan años esperando por una ayuda de la ley de Dependencia, la vida se convierte aún en más dramática. Nos llegan quejas de personas que le faltan extremidades y viven solas, o de familiares desde Sevilla que intentan agilizar un expediente y llevan años esperando por un ayuda que, no les cambiará su vida pero, significará que alguien pueda acudir de apoyo a cuidarlo, ducharlo o tener una plaza residencial, que su cuidador familiar pueda salir a la calle, trabajar algunas horas o tener un respiro. Cuando hablamos de Dependencia principalmente es esto. Insisto en el sufrimiento. Hay gente en Canarias que lo está pasando muy mal, las familias lo atienden como pueden, cada vez son de menos miembros y más dispersos, y cada vez los dependientes viven más años, les faltan extremidades u órganos, viven solos y a lo sumo lo cuida un familiar. Por ahí pasarán todas las familias y debemos tener la sensibilidad para poner en los presupuestos de la Comunidad lo que se merece la Dependencia y la Discapacidad. He visto situaciones dramáticas como una mujer con el 100% de discapacidad, con un hijo de baja cualificación sin ingresos ni posibilidad de conseguirlos, viviendo en un garaje en Santa Cruz por el que paga 300 euros, con una pensión pequeñita no contributiva, y que viven en una situación extrema. Hay casos de personas cuidadoras que no pueden trabajar, no están cotizando y viven con la pensión de la madre a la que atienden las 24 horas, apenas tienen vida social y ni casi pueden salir a hacer la compra. Ese sufrimiento me ha hecho resetear mis prioridades en la vida”.
-Y a la larga espera se suma no tener plazas o servicios.
“El 27% de las personas con un derecho reconocido están sin él, por estar en cola o no tenerlo en su entorno o isla. Hay espera para una empresa de prestación de servicios que no hay en El Hierro o el sur de Fuerteventura, al ser poblaciones dispersas y a las empresas no les interesa. La Administración tiene que buscar alternativas ahí. Hablamos de casi 10.000 personas, y somos la tercera peor región en ese sentido, aunque en dependientes de grado III (máxima discapacidad) somos la peor. En el año 2021 teóricamente hubo un plan de choque y, mientras en el conjunto de España se bajó un 16% y algunas incluso el 60%, en Canarias aumentó un 23% la gente que está en el limbo con un derecho reconocido pero no lo tiene materializado. Con ese plan de choque debíamos meter un mínimo de 5.000 personas, y solo fueron 1.717 altas”.
-¿Tenemos capacidad para atender todas las demandas?
“En 2021 fallecieron en Canarias nueve personas cada día en una lista de espera de la dependencia, es decir una cada 2 horas y 37 minutos. Hablamos de los que ya están en el sistema, porque la tasa de demanda está por debajo de la mitad de la media nacional. Debíamos tener más del doble de usuarios atendidos y para equipararnos deberíamos tener 28.000 demandas más, y una tasa de cobertura de 30.000 más (en virtud de nuestra población) si estuviéramos en la media. Además, tenemos con PIA aprobado 26.000 personas, y deberían duplicarse, o si tenemos ahora una tardanza para la aprobación final de 1.350 días (45 meses, o 3 años, 9 meses, 2 semanas y 1 día) según la Dirección General -multiplicando por 15 el plazo máximo que serían de tres meses desde la notificación de la aprobación del grado, o -seis meses desde el registro de la solicitud-, más allá de los plazos hay un colapso. Hay que imaginarse cómo serían con esas 30.000 solicitudes más, ser conscientes y prepararse para esto, pero no en un horizonte lejano, la realidad es ahora y es necesario actuar ya. La lista de espera para una residencia supera las 3.000 personas. Quizás el boca a boca en la tardanza en la tramitación de los expedientes hace que desistan en la inscripción, o no confían en el sistema porque les falta información. El sistema no está preparado ahora para los demandantes en lista de espera, imagínense para esas solicitudes nuevas”.
-Hay plazos vergonzosos.
“El Observatorio de la Dependencia dice que en Canarias habían 943 días de retraso (más de 31 meses) cuando debían ser 180 (6 meses por ley), cuando Andalucía tenía 9 meses menos de tramitación y la media nacional, que tampoco cumplía, era de 17 meses menos. Otras regiones como Castilla y León está a solo 117 días por el acuerdo con sus 2.200 ayuntamientos. La Dirección General nos respondió que en noviembre de 2021 estaba tramitando expedientes de principio de 2018 (45 meses de retraso). Pero esta realidad que no es estática, pues una persona dependiente tenderá a empeorar su salud. Entonces pasará al grado II o III, pero al pedir una revisión tardará otros 45 meses más cuando deberían ser solo tres. Si el beneficiario no está conforme con el grado concedido y presenta un recurso, debería resolverse en otros tres meses, pero en Canarias se estaban mirando los presentados en 2014 a final de 2021. Este incumplimiento de los plazos no es culpa de los usuarios. Debería implantarse que el mismo día de reconocer el grado se obtenga una prestación económica”.

Hay 3.000 canarios que esperan por una residencia; hay un déficit de 8.000 plazas

Otro de los graves problemas por resolver es el déficit de plazas sociosanitarias en Canarias, tanto residenciales como en Centros de Día o de Noche. Hay más de 3.000 personas esperando por una plaza de residencia ya reconocida. “La OMS recomienda tener cinco plazas por cada 100 mayores de 65 años y para cumplirlo necesitaríamos más de 8.000 plazas (más del doble del máximo previsto en el II Plan de Infraestructura sociosanitaria), y para llegar a la media que existe en España necesitaríamos 5.700 plazas”, relató Felipe Afonso El Jaber.
Por tanto, “Canarias lleva muchísimos años de retraso a la hora de cubrir plazas públicas y estamos a la cola del país”. De cada 2,66 plazas que tenemos disponibles por cada 100 personas en las Islas, 1,1 son públicas o concertadas y 1,5 privadas.
Afonso pidió “aumentar las ayudas. Si gastamos 2.000 euros en una plaza de residencia, y el dependiente se queda en casa no puede resolverse una ayuda de 300 euros. Las familias necesitan también más centros de cercanía de Día o de Noche, que en las islas no hay. Y si no queda más remedio y hay que acudir a una residencia, hay que evitar el modelo de centros trasnochados e institucionalizados, donde les obligan a hacer todo a una hora. Hay que convertir las macroresidencias en pequeños hogares de convivencia, donde el usuario mantenga su respeto y dignidad, con un horario amplio para levantarse y comer, actividades que rompan la rutina y se sienta como en su hogar”.

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