Un grupo de personas ha iniciado este viernes una acampada en una finca en la que se prevé construir la urbanización ‘Cuna del Alma’, en las inmediaciones del Puertito de Adeje, para exigir la paralización del proyecto.
Los manifestantes critican la “connivencia” de las administraciones públicas locales —Ayuntamiento de Adeje, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias– con los promotores dado que desde que se inicia la tramitación se han ido registrando una serie de “incumplimientos normativos” que afectan al patrimonio natural y cultural.
No obstante, ello no ha supuesto la paralización de las obras iniciadas en pasado mes de mayo pese a que hay informes desfavorables del Cabildo de Tenerife –18 de noviembre de 2014 y 12 de mayo de 2017–.
Indican también que la memoria ambiental del proyecto, aprobada en marzo de 2019, “no tenía rigor técnico y profesional” y ni siquiera detalla los impactos a las ocho especies vegetales protegidas en el ámbito de planeamiento, así como con el amenazado alcaraván común, especie cuyo estatus de protección obliga a la protección de su hábitat.
En este informe, además, “se niega impacto alguno en el medio marino contiguo”, señalan.
Los manifestantes recuerdan que a raíz de una denuncia de la asociación cultural Tegüico el Cabildo realizó un informe en cinco semanas que dio pie a la suspensión cautelar de las obras al detectar graves infracciones patrimoniales, pero se limita a recomendar el vallado de la zona afectada y descarta realizar un estudio integral.
Además resaltan que el Puertito de Adeje tiene una riqueza natural y cultural “única” en Tenerife, Canarias y en el Atlántico Medio, “pues se trata de un enclave de enorme valor geológico, geomorfológico, botánico, faunístico, marino, arqueológico, etnográfico e histórico”.
Indican que el proyecto representa “la punta del iceberg de un modelo económico trasnochado que solo provoca dependencia del turismo y pérdida de competitividad del propio sector, pérdida de suelo agrícola y de la soberanía alimentaria, paro y pobreza”, más un daño medioambiental, paisajístico y patrimonial.
Este modelo, subrayan, “va en contra claramente de los nuevos parámetros que se persiguen a nivel mundial para conseguir un desarrollo sostenible, luchar contra el cambio climático y lograr los Objetivos del Milenio”.