Los efectos de la guerra de Ucrania se están cebando con todos los sectores. Pero si hay uno al que le está costando sobremanera levantar cabeza tras la resaca de la COVID, la escasez de materias primas y el encarecimiento de la energía es al sector primario. Los ganaderos y agricultores de las Islas ya no pueden más y piden ayuda a la desesperada para no tener que cerrar sus explotaciones y sacrificar al ganado. El pienso se ha encarecido más de un 45%. El Archipiélago, además, importa el 99% de la alimentación de los animales. Circunstancias que impiden la supervivencia de un sector esencial para la economía de las Islas.
Aún así, sería del todo injusto culpar de esta situación en exclusiva al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El sector primario en Canarias siempre ha vivido entre agonía e intenso sufrimiento. Su dependencia del exterior y los elevados costes que supone producir en las Islas les dejan escaso margen de beneficios. Pero, mal que bien, y con la fuerte apuesta de la sociedad canaria por el producto local han ido tirando.
El problema vino con la pandemia. Desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, la ganadería y agricultura, a pesar de que fueron designados sectores esenciales, vieron limitada su comercialización, sobre todo por el cierre del canal Horeca (Hoteles, Restaurantes y Caterings). Muchos productores tuvieron que recurrir a la venta directa con el cliente, porque, como bien dicen los ganaderos, los animales no se pueden someter a un ERTE ni a una reducción de jornada. “Comen todos los días, al igual que hay que regar a diario las explotaciones agrícolas”. A esto se une que cuando se reabrió el mercado, el alimento animal empezó a subir de precio, el gasoil y la electricidad también y, por si fuera poco, estalla una guerra en Ucrania, principal productor de cereales y materias primas. Una tormenta perfecta que puede acabar con el sector primario en las Islas.
De hecho, la situación se ha tensado tanto entre el Gobierno y el sector primario que el presidente Ángel Víctor Torres se vio obligado a principios de mes a cesar “por falta de confianza” al director general de Ganadería, Taishet Fuentes. El Ejecutivo enmarca este cese en la necesidad de dar una nueva orientación a la política ganadera de las Islas ante las dificultades por las que atraviesa el sector. Sin embargo, parece que el detonante de este cese fueron las desafortunadas declaraciones del director general a la cadena COPE, donde dijo que, “como en todas las crisis, unos negocios salen adelante y otros no”. “Cuando un cargo público es consciente, porque se lo hemos dicho, de cómo está el sector y encima hace estas declaraciones, lo mínimo es dimitir. Nunca tuvo predisposición”, dijo a este periódico el secretario general de ASAGA, Theo Hernando.
Según datos del Istac, entre 2014 y 2020 han cerrado el 24% de las explotaciones agrarias de las Islas, es decir, casi 1 de cada cuatro. “Y eso que no se han empezado a contabilizar desde el 2020”, indicó Hernando. “No puedo predecir si el sector va a desaparecer o no, pero, desde luego, lo que sí le aseguro es que los ganaderos necesitan ayuda con urgencia. Están haciendo todo lo posible por mantener sus animales y explotaciones, porque eso sí: cuando una explotación cierra, no se vuelve a abrir”, avanzó.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha tramitado varias ayudas para paliar la complicada situación que atraviesa el sector, pero éstas llegan “muy tarde” según los productores. Ya se ha habilitado el abono de 4,8 millones de euros a 686 productores ganaderos en concepto de ayuda directa. Hasta el momento, Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias) ha transferido 6,8 millones a 904 beneficiarios de esta ayuda valorada en 8,2 millones y que está destinada a 1.059 ganaderos. “Esta subvención, financiada con fondos propios, está orientada a compensar el sobrecoste en el precio de la alimentación animal, la electricidad o los combustibles”, declaró la consejera Alicia Vanoostende, que reconoce la situación “dramática” por la que pasa el sector. A estas ayudas, además, se unen otros 2,7 millones de euros del Ministerio de Agricultura específicamente para el sector lácteo, en el marco de los fondos para mitigar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Esta semana el Gobierno ha presentado a la UE la propuesta de Posei para 2023 con la ficha financiera más elevada de la historia, con más de 300 millones de euros, y, según las propias palabras del presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, “confiamos” en el respaldo de Bruselas. En concreto, se proponen 12,3 millones anuales más en el llamado Posei adicional, el de ayudas de Estado, para 2023 respecto a la cifra inicial de 2022, lo que eleva la cantidad global de esta parte del programa (el Posei adicional) a 33,8 millones anuales. Esta cifra se suma a la del Posei comunitario, con 268,4 millones de euros y financiación exclusiva de la UE (100%), donde además se incluye la subficha del REA para 2023, con 62 millones.
Sin embargo, al sector no le ha gustado nada esta propuesta. Hernando aseguró que “no es equilibrada ni justa y que va en detrimento del sector ganadero”. “Sentimos que el sector agrario está siendo ignorado. No se atienden nuestras peticiones y se continúa incumpliendo el principio del REA de no perjudicar a las producciones locales”. Por ejemplo, llama la atención que en el REA de 2023 la subvención a la importación de azúcar experimente un incremento de un 1.000% al pasar de 5 a 50 euros la tonelada. Contará con un presupuesto de 400.000 euros más. Asaga no entiende por qué se aumenta la ayuda a un producto importado que desde organizaciones mundiales como la FAO se recomienda reducir su consumo.
Por lo que respecta a la propuesta para el POSEI 2023, Asaga valora que las dotaciones presupuestarias se incrementen en un 10% a la producción vegetal y un 20% a la producción animal para contribuir a que las explotaciones puedan hacer frente a la inflación y mantener su actividad. Sin embargo, presenta dos objeciones: la primera tiene que ver con el incremento a la ayuda a la hectárea de papa, que sube de 950 a 1.110 euros. Aunque a priori pueda parecer positivo, las compensaciones por cultivar papa en las islas deben destinarse a las producciones de calidad. La otra objeción tiene que ver con los 33,8 millones que, presumiblemente, aportará el Estado por el Posei adicional. Sin embargo, Asaga duda, por los antecedentes con otras líneas del REF, de que se cumpla a rajatabla con esta medida.
La propuesta del REA para 2023 no es equilibrada, ni justa
Con la nueva propuesta, un importador de leche en polvo podrá percibir entre 571 y 735 euros de máximo por tonelada, lo que supone 27 y 35 euros más, respectivamente, que este año. Estas abultadas cuantías quedan muy lejos de lo que percibe un ganadero local, que únicamente puede aspirar a una ayuda de 92 euros por tonelada para importar cereales. Se entiende que con los cambios introducidos se vuelve a favorecer a la industria y a la importación de productos como la leche en polvo, en un momento tan sensible como el actual para la ganadería láctea por la subida de los insumos.
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