Nona Perera: “Hay cabildos que protegen la memoria histórica de sus islas, otros no lo hacen”

En Tenerife se localizan 206 bienes de interés cultural (BIC) de los 452 que hasta la fecha han sido declarados en Canarias. Es decir, el 45,5% de ese conjunto. Si esa cantidad la desglosamos por islas, la relación continuaría con Gran Canaria (112), Fuerteventura (68), La Palma (30), Lanzarote (20), El Hierro (9) y La Gomera (5), más otros dos BIC de ámbito regional, la lucha canaria y el salto del pastor.

Los datos son reveladores. Pero no tanto. Como suele ocurrir, si no se analizan, se ponen en contexto y se consideran los condicionantes y circunstancias, pueden llevarnos a una lectura equivocada. A pensar que unos territorios insulares poseen mayor valor patrimonial que otros o, dicho de modo más crudo, a aquello de como mi isla, ninguna. Que es justo lo contrario de lo que defiende el Gobierno regional y la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.

LEGADO COMÚN

Es más, el artículo 4 de esa norma se denomina precisamente, para no equivocarnos, Principio de unidad del patrimonio cultural de Canarias, y en él puede leerse: “Todos los bienes integrantes del patrimonio cultural de Canarias forman parte del legado cultural de esta comunidad autónoma, con independencia de dónde se hallen situados y de la administración pública que tenga encomendada su protección”.

De manera que entre los principales objetivos del Ejecutivo regional en materia de patrimonio figura algo tan esencial como es contribuir a que se corrija ese desequilibrio entre islas que se refleja en esta herramienta para la preservación, recuperación y difusión del acervo tangible e intangible. “Las competencias para iniciar los expedientes de bien de interés cultural en cada isla las tienen los cabildos -detalla a DIARIO DE AVISOS Nona Perera, directora general de Patrimonio Cultural-, ya sea por iniciativa propia, porque se lo pide el Gobierno de Canarias o también, por ejemplo, en el caso de los bienes inmateriales, por que se lo solicitan las comunidades que los desarrollan”.

Ese aspecto procedimental es determinante, sobre todo si se compara con la anterior ley de patrimonio, la de 1999, en la que las corporaciones insulares eran las que decidían si un bien era o no merecedor de ser BIC y actuaba en consecuencia.

En este proceso, el Ejecutivo regional se encarga de iniciar los expedientes de bienes que trascienden el ámbito insular. Una muestra se halla en los expedientes incoados en la actualidad -lo que ya de por sí aporta cierto grado de protección- para las paredes de piedra seca, presentes en todas las islas; las rosetas, en Lanzarote y Tenerife; la trashumancia, también una práctica regional; los ranchos de Pascua de Fuerteventura y Lanzarote o la vela latina, cuya protección se quiere ampliar a todas las islas menos a la de El Hierro, pues ahí no posee arraigo.

“Creer que el bien de una isla, la nuestra, es mejor que el de la otra solo disipa el patrimonio que compartimos”

Muy a grandes rasgos, el itinerario que conlleva la tramitación para declarar un bien de interés cultural elevado por un cabildo al Gobierno de Canarias culmina con el dictamen favorable de una comisión técnica y, posteriormente, del Consejo de Patrimonio de Canarias.

LOS OBSTÁCULOS

La pasividad y el desinterés, junto con el insularismo, incluso mucho más que los medios de los que disponga cada administración implicada, son en buena medida el principal obstáculo para garantizar la perdurabilidad de este legado cultural. “Cada isla, cada cabildo, debería tener una mayor visión de conjunto y no únicamente limitarse a su territorio”, expone Nona Perera. “En ocasiones, sobre todo en el caso de los bienes inmateriales compartidos por diferentes comunidades, se parte del sentimiento, de la falsa certeza, de que el bien de esa isla es mejor que los de las otras, incluso queriendo anularlos. Eso, sin duda, produce tristeza, porque, además de no ser cierto, disipa el patrimonio cultural de Canarias”, subraya. “Somos islas, nacimos en un territorio fragmentado por el mar -agrega-, y deberíamos tener muy claro en nuestras conciencias que, por ejemplo, la cultura que se ha ido desarrollando en Gran Canaria durante todos estos siglos es igual de importante que las de Lanzarote o Tenerife”.

A partir de esa premisa, la solución a las dificultades que plantea este proyecto común, que no son pocas, sería mucho más fácil de alcanzar, según Nona Perera. “El que una corporación insular esté menos dotada para afrontar la tramitación del patrimonio es algo que podemos solventar entre todos, al igual que es preciso mejorar la coordinación entre unas administraciones y otras; pero también es necesario que los cabildos tengan en cuenta que el Gobierno de Canarias es una parte de la Administración, que no compite con ellos y, sobre todo, que está a su disposición”, apostilla la directora general de Patrimonio Cultural.

MEMORIA HISTÓRICA

“Hay cabildos que se han ocupado de garantizar que la memoria histórica de su isla esté reconocida y protegida, hay otros que no”. Esa es la respuesta de Nona Perera cuando se le pregunta acerca del incuestionable desequilibrio que se observa en la distribución por islas de los BIC: “La Gomera solo cuenta con cinco bienes declarados; La Palma, apenas 30; Lanzarote, 20; El Hierro, 9… Son muy pocos. Esta tarea de protección debe ser un trabajo permanente, que continúe en el tiempo, y no solo ha de centrarse en los aspectos más relevantes y evidentes, también en aquellos otros que nos ayudan a hilar la historia de un lugar. La mayoría de puntos poblacionales de las Islas poseen un sustrato aborigen, que no tiene que ver con la realidad actual, pero sí con la historia de la ocupación de ese sitio”, esgrime la directora general.

SILBO GOMERO

Entre los BIC que se incoan en estos momentos, llama la atención la presencia del silbo gomero, pese a que ya en 2009 fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. “El Cabildo puso en marcha en su día ese expediente -detalla Perera-, pero durante 10 años no lo siguió, de tal manera que se logró la declaración de la Unesco, pero no que fuese BIC. Luego coincidió con la sentencia del Tribunal Constitucional que determinó la caducidad de todos los expedientes que se llevaban tramitando más de 24 meses”. “¿Qué se ha hecho ahora? La Gomera pidió al Gobierno que, entendiendo que esta manifestación trasciende el ámbito insular, se vuelva a iniciar el expediente de declaración, y se ha iniciado”.

Uno de los retos es que algunas islas se pongan al día en la protección de su patrimonio tangible e intangible

El fallo del Constitucional al que alude la directora general instó, en noviembre de 2019, a la caducidad de más de 150 expedientes BIC, al considerar inconstitucional la denuncia de mora, un mecanismo que hasta ese momento permitía prolongar los plazos. “La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes tuvo que firmar una resolución por la que resolvía que esos expedientes habían caducado. La sentencia fue una mala noticia -señala Nona Perera-, porque dejaba sin protección un montón de bienes. Sin embargo, en la práctica no lo fue tanto, porque todos ellos, menos uno, eran susceptibles de iniciarse otra vez, ya que habían transcurrido los 24 meses, más otros tres años, preceptivos para retomarlos. Pero a día de hoy, hay que decirlo, los cabildos apenas han reiniciado los expedientes caducados”, concluye.