Nadie sabe dónde se le espera, pero sí hacia dónde va. Acaba de atravesar a paso lentísimo durante todo este fin de semana por aguas de Canarias, nada menos que bordeando las costas de islas como Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, tan cerca de donde miles y miles de turistas alimentan depósitos fundamentales del combustible que, guste o no, dan vida al principal motor de la economía del Archipiélago. Mientras un juez federal de Brasil ha reclamado que el barco sea localizado y vuelva, como consta en documentación que obra en poder de DIARIO DE AVISOS, en Turquía (uno de sus puertos, Aliaga, figuraba inicialmente como destino oficial), ya aclaró el pasado sábado que ni se le espera ni se le desea allí porque ahora tiene terminantemente prohibido atracar en los mismos, como atestiguó la Agencia Efe). Aún así, sigue rumbo al Mediterráneo, si nadie lo impide. Al cierre de esta edición, navegaba a la altura de Agadir (Marruecos), quizás -en información no confirmada de forma oficial- hacia la isla griega de Kios.
Hablamos de un convoy que a modo de bomba medioambiental se pasea por el Atlántico incumpliendo todo tipo de convenciones respecto al transporte marítimo. Lo lidera un remolcador de bandera holandesa llamado ALP Centre, pero el peligro es lo que arrastra, nada menos que un portaviones de la clase Clemenceau botado por Francia poco después del siglo pasado en plena Guerra Fría y de nombre Foch. Llegado este siglo, los galos lograron venderle esta monumental montaña de basura a Brasil por el módico precio de 12 millones de dólares, aunque lo ruinoso del negocio quedó tan claro a las autoridades de dicho país sudamericano que a su vez lo dieron y lo vendieron a una empresa, que a su vez ha contratado al remolcador holandés en busca de un oneroso desguace mirado con alarmada lupa por la comunidad internacional.
Como ya anticipó este periódico, la clave de esta historia queda bien reflejada en la misiva que ONG’s como la belga NGO Schipbreaking Platform y la estadounidense Basel Action Network remitieron el pasado día 8 al Gobierno de España, parte de la cual se expone en las imágenes adjuntas. En concreto, la carta explica que, por una parte, el portaviones incumple el tratado internacional firmado en Barcelona allá por 1975 para la protección del Mediterráneo por cuanto en el mismo siguen habiendo toneladas de amianto, como denunció en 2006 Greenpeace respecto a su buque gemelo, pero también, ojo, residuos radioactivos resultantes de las pruebas nucleares llevadas a cabo por Francia en el Pacífico desde mitad de los años sesenta del siglo pasado en adelante, especialmente en no pocas toneladas de cadmio utilizadas como pintura a modo de protección, aproximadamente unas 170. También denuncian los ecologistas que la inmensa nave que nos ocupa lleva casi 650 toneladas de materiales pesados cuyo vertido en el océano resultaría catastrófico, 20 de ellas especialmente o altamente tóxicas, según la,traducción escogida.
Toda una auténtica bomba de relojería ecológica cuyos residuos siguen resultando una papa caliente que ningún país quiere responder.
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