La zona del yacimiento arqueológico de Risco Caído ha sufrido el desprendimiento de varias rocas de “notable tamaño” de forma natural y sin ocasionar daños personales, lo que refrenda los argumentos de la suspensión de las visitas a las cuevas y también la prohibición del paso, ha informado este martes el Cabildo de Gran Canaria en un comunicado.
Las rocas caídas no han causado afección de ningún tipo en los valores patrimoniales del interior de las cavidades, se han desprendido de la cornisa del yacimiento arqueológico de Risco Caído, concretamente en la zona intermedia de los accesos a la cueva número seis, que alberga el icónico marcador astronómico aborigen, y también a la siete.
En la actualidad están prohibidas las visitas al yacimiento arqueológico entre las cuevas cinco y 10, propiedad del Cabildo de Gran Canaria, decisión derivada de los estudios realizados.
Además, se ha encargado un diagnóstico de urgencia de la situación del alero tras el desprendimiento ocurrido el pasado fin de semana con el objetivo de acometer el saneamiento y las medidas de seguridad en los puntos más débiles y se elaborará un informe técnico por parte de un grupo de especialistas para reforzar la sostenibilidad del yacimiento.
Esta decisión se adoptó en el marco de las VIII Jornadas de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria celebradas en octubre de 2020 bajo el título “Los desafíos de la preservación del Patrimonio Troglodita en el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria”.
De igual modo, el Cabildo solo permite el acceso a la zona de su personal técnico o del previamente autorizado por para la realización de tareas de inspección, evaluación, mantenimiento, conservación, control de datos, investigación, estudio y cualquier otra que se entienda necesaria en relación a la conservación, protección, estudio y tutela del conjunto.
Estas restricciones se justifican en el estudio llevado a cabo años atrás que puso en evidencia los problemas de estabilidad del sustrato rocoso en el que se excavaron las cuevas, detectados en trabajos realizados entre 2012 y 2013.
Cabe recordar la existencia de un estudio preliminar del Instituto Eduardo Torroja del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a partir del cual se limitaron las visitas.
El examen geológico evidenció la degradación del macizo a causa del distinto comportamiento mecánico de las arenas tobáceas que forman la base del escarpe y el acantilado en relación a las brechas volcánicas de la etapa Roque Nublo, así como por la naturaleza porosa y fácilmente erosionable de dichas arenas tobáceas.
A la detección de una red de fracturas se sumó la confirmación de que el uso antrópico de las cuevas y su entorno había contribuido al deterioro del escarpe.
Como conclusión general, se establecieron una serie de actuaciones de urgencia para la estabilización general de la cornisa mediante sostenimientos, a través de una serie de intervenciones de cerramiento, refuerzo, estabilidad y saneamiento.
Pese a ello, el Cabildo ha informado que persisten los problemas de estabilidad que generan un grado elevado de incertidumbre y que se requiere de medidas complementarias, como por ejemplo el citado proyecto en el que se está trabajando para contribuir a la estabilidad del enclave.
Igualmente, el conjunto se encuentra sometido a un monitoreo destinado a la obtención de datos microclimáticos y físicos que permiten evaluar su estado de conservación, tanto en lo relacionado a las condiciones ambientales interiores como a la estabilidad física del sitio mediante la instalación de microsismógrafos e inclinómetros que predicen movimientos internos del soporte rocoso.
El yacimiento ha sido objeto de manera periódica de tareas de saneamiento desde hace más de una década, antes de la declaración del Paisaje Cultural como Patrimonio Mundial, en 2019.
El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo aprobó el pasado lunes 5 de septiembre el Plan de Gestión Integral del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria hasta 2026, que incluye entre sus objetivos garantizar la protección, el estudio y la difusión de los valores que sustentan la inscripción de la zona en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, con un presupuesto de 33,7 millones.
Entre las acciones programadas figuran medidas concretas de rehabilitación y conservación del patrimonio cultural y natural, además de otras orientadas a la gestión del conocimiento, desarrollo económico y comunicación y participación.
