El Pleno de Santa Cruz aprobó ayer una moción en la que se solicita al Estado a que “incluya nuevas medidas procesales para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o inmueble, con el objetivo de recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento”.
En la práctica, se trata de instar al Estado a que endurezca las penas contra la ocupación de viviendas. Con esta redacción, CC consiguió suavizar la moción presentada por su socio de Gobierno, el PP, que pedía endurecer, de forma generalizada, las penas de cárcel hasta los cinco años, sin atender a ningún tipo de atenuante.
El rechazo a este punto fue rotundo, tanto por la oposición como por la propia CC, de forma que solo votaron a favor del mismo los tres concejales del PP. Y es que la crítica generalizada se centró en la falta de diferenciación sobre los tipos de ocupación, coincidiendo todos en que la culpa de que no haya viviendas suficientes es de las administraciones.
“Va a crear usted más plazas en la Tenerife II que viviendas para solucionar el problema”, le espetó la concejala de UP, María Luisa Tamayo, quien añadió que los datos demuestran que la ocupación no es problema en España, donde, en 2021, se contabilizaron algo más de 17.000 casos. “Solo en Canarias se estima que hay 150.000 viviendas vacías, eso sí es un problema”, dijo.
En el mismo sentido se expresó el PSOE, que apuntó que “ustedes están pidiendo la misma pena de cárcel para una familia que no tiene otra opción que ocupar, que la que obtuvo Urdangarín por malversación y estafa”.
Ese primer punto fue el único que se mantuvo de una moción, la del PP, que fue sustituida por la presentada por CC. El concejal de Vivienda, Juan José Martínez, pidió no criminalizar a familias de extrema vulnerabilidad y coincidió con el resto de grupos en que, lo que hay qué hacer, es fortalecer las políticas de vivienda, “como ha hecho Santa Cruz con la puesta en marcha de proyectos para casi 400 viviendas”, defendió.
En el resto del texto de sustitución, que salió adelante con los votos del PP y CC, también pidió el incremento de obligaciones fiscales para viviendas vacías de grandes tenedores de viviendas, bancos y fondos buitre, como forma de solucionar el problema de la falta de viviendas.
Además, se solicitó introducir las modificaciones legislativas que permitan desincentivar la ocupación de viviendas “especialmente en el caso de mafias”, y que, en cualquier caso, la Administración pública garantizará una solución habitacional para las familias en situación de vulnerabilidad.
La moción de CC le dio la vuelta a las propuestas del PP, que, entre otras cosas, pedía que las personas que ocuparan una vivienda no pudieran empadronarse, un hecho que, le recordaron desde la oposición, “impediría que mucha gente necesitada, como las familias que ocupan viviendas en El Tablero, viviendas vacías pertenecientes a un fondo buitre, no pudieran recibir las ayudas sociales que otorga el Ayuntamiento”.
Así, lo que finalmente se aprobó fue que se cambiara la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local para evitar la utilización de la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal definido en la Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios.
También se aprobó instar a la modificación de la legislación tributaria para la reducción de obligaciones contributivas de arrendadores que justifiquen la no percepción de rentas por inmuebles ocupados, así como cambiar la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal para que se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda.
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