El Servicio Canario de Empleo, en coordinación de la Inspección de Trabajo, ha tramitado este año 20 propuestas de sanción por un total de 39.514 euros a empresas de más de 50 trabajadores por incumplir la obligación legal de que al menos el 2% de sus empleados sean personas con discapacidad. La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, ofreció este dato ayer, durante una comparecencia en la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias en la que señaló que en 2022 se han realizado 560 inspecciones específicas sobre este requisito legal, mientras que en el pasado ejercicio fueron 417.
Cuando las empresas públicas o privadas de más de 50 trabajadores no contratan al menos al 2% de su plantilla a personas con discapacidad disponen de varias alternativas compensatorias para no ser sancionadas y corresponde al Servicio Canario de Empleo valorar si las propuestas empresariales compensan realmente la falta de contratación. Estas medidas alternativas pueden ser desde la firma de un contrato civil o mercantil con un centro especial de empleo o con personas discapacitadas trabajadoras autónomas hasta realizar donaciones o patrocinios de actividad de inserción laboral y de creación de empleo con personas con discapacidad o constituir un enclave laboral.
En el caso de Canarias, el organismo regional ha aprobado 62 medidas alternativas en el periodo de 2020 a 2022, de ellas 41 contratos alternativos de prestaciones de servicio por 4,2 millones de euros, seis contratos de suministro por 200.000 y 15 donaciones por 300.000 euros.
Elena Máñez compareció en la Comisión de Discapacidad por iniciativa del diputado Carlos Ester, del Grupo Popular, quien decidió convocar a todos los consejeros del Gobierno para que cada uno explique las políticas de sus respectivos departamentos en relación a las personas con discapacidad. En opinión del político del PP, las políticas de discapacidad no corresponden solamente a la Consejería de Derechos Sociales, sino que deben ser actuaciones transversales del Ejecutivo.
La consejera Elena Máñez rebatió al popular y aseguró que la discapacidad, como la igualdad, es una de las políticas transversales del Gobierno de Canarias, y afirmó al respecto que no solo hay coordinación en el Ejecutivo, sino también entre este y los colectivos de personas discapacitadas. En cuanto al empleo, la socialista expuso que en el Archipiélago hay 89.900 personas con discapacidad en edad de trabajar, un porcentaje del 5,78% sobre el total, frente al 6,17% a nivel de toda España.
En cambio, la tasa de inactividad entre las personas con discapacidad es mayor en Canarias, el 72,9% frente al 65,6% del conjunto del país, lo cual Máñez atribuyó a que el grado de discapacidad predominante a nivel nacional es leve y en el caso de las Islas es grave o muy grave. No obstante, la evolución del mercado laboral en personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma sigue la misma tendencia positiva desde 2020 que la población general, en línea con la recuperación económica tras la pandemia.
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