La Guardia Civil ha desarticulado un entramado de estafa piramidal compuesto por al menos una treintena de personas, entre ellos los dos supuestos cabecillas, un matrimonio que reside en San Isidro-Granadilla, en el sur de Tenerife.
El varón de ese matrimonio, de nacionalidad italiana, era investigado por la Guardia Civil por operaciones bancarias sospechosas de estar relacionadas con el delito de blanqueo de capitales.
En un registro de su domicilio la Guardia Civil ha intervenido dinero en efectivo, documentación y material informático relacionado con la actividad delictiva, por la que son investigadas 31 personas en Murcia, Alicante, Barcelona y Oviedo.
La operación ‘Pyramidi-Scam’ comenzó a raíz de una denuncia registrada en Cabezo de Torres-Murcia, en la que una persona manifestó haber sido víctima de una estafa junto a más personas, tanto a nivel regional como nacional.
Los primeros pasos de la investigación permitieron constatar que el engaño consistía en captar personas para realizar inversiones en una futura plataforma digital para realizar compras y ventas, semejante una conocida ‘marketplace’, un espacio comercial que sirve como intermediario entre compradores y vendedores.
La actividad delictiva comenzaba con la creación de una marca, a la que se tenía que dotar de credibilidad y prestigio.
Esta marca era una plataforma ‘marketplace’ que aspiraba a competir con las primeras mercantiles del sector de venta en línea.
Según su filosofía, detalla la Guardia Civil en un comunicado, incluía compras directas al proveedor, transacciones en euros, inteligencia artificial, monederos de criptodivisas y entregas a domicilio, entre otros servicios.
Aunque la investigación policial ha constatado que sus creadores nunca tuvieron la intención de materializar el proyecto, sino simplemente de lucrarse ilícitamente a costa de sus inversores.
En la cima de la pirámide, según su jerarquía, se situaban los líderes de la trama, un matrimonio radicado en Tenerife formado por un hombre italiano y una mujer cubana, que presentaban el proyecto a otras personas a las que les ofrecían unirse a cambio de realizar inversiones en el mismo, con el argumento de que posteriormente generarían suculentos beneficios.
El principal investigado aparecía en algunos vídeos promocionales de la compañía publicitándose como director en España de la misma.
Esta trama transnacional abarcaba numerosos países como Italia, Reino Unido, Colombia y República Dominicana, entre otros, todos ellos con sus respectivos directores.
La puesta en escena para captar objetivos “era de película”, señala la Guardia Civil.
Se organizaban eventos en prestigiosos hoteles de España y de otros países europeos e, incluso, viajes y cruceros, todo ello con el objetivo de dar la apariencia de una empresa solvente y captar al mayor número posible de inversores/víctimas.
La estructura de la estafa era piramidal y seguía el esquema Ponzi, que es un tipo de fraude en inversiones que paga a inversionistas existentes con fondos generados por nuevos inversionistas, con lo que las víctimas consolidadas pasaban a ser los nuevos captadores para continuar buscando futuros inversores.
Además de las inversiones, los estafados tenían que comprar licencias de la mercantil, las cuales posteriormente debían vender para poder obtener un beneficio económico.
Por lo tanto, los estafados tenían dos opciones de obtener beneficios: vendiendo licencias o haciendo inversiones con las que se ofrecían unos intereses que se encontraban por encima de mercado.
Para ello, los estafadores crearon una plataforma digital en la que a cada inversor/vendedor de licencias se le garantizaba la posibilidad de ir ascendiendo en la organización en una clasificación gemológica: esmeralda, diamante, doble diamante…
Tenían su propio perfil donde podían visualizar los beneficios económicos que se habían originado, aunque nunca podían disponer de los mismos.
Por lo tanto, los líderes obtuvieron grandes beneficios que se desviaban a cuentas en Lituania o a través de conversión a criptomonedas, agrega la Guardia Civil.
Los dos detenidos y los investigados, a los que se les atribuye la presunta autoría de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales, además de los efectos incautados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes.
La dirección judicial y la coordinación de la operación en su conjunto ha sido realizada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia.
La operación ha sido desarrollada por guardias civiles de la Unidad Orgánica Policía Judicial (EDITE – Equipo de Investigación Tecnológica) y de los equipos @rroba de la Región de Murcia y de Santa Cruz de Tenerife, que han contado con la colaboración de sus homólogos de Alicante, Barcelona y Oviedo.
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