Sí, sí o sí

El fondo y formas de la ministra de Igualdad, cargando contra los jueces con la misma inmadurez con la que se ha negado a valorar siquiera que la ley pueda tener bocas de agua, sitúa a Irene Montero en las arenas movedizas de la soberbia, que, como bien se sabe, es la peor de las compañías posibles cuando se está en política. No hay talento, trayectoria, liderazgo, reflejos, autoridad u olfato que sobrevivan al daño que la soberbia deja en quienes caen en sus brazos. Pudo la ministra gestionar las dudas razonables que se multiplican en los juzgados con sosiego, algo de humildad y actitud constructiva. No lo hizo, no lo intentó siquiera. Tampoco parece que haya demostrado el menor interés por escuchar voces expertas, tomar nota y, en su caso, abrirse a la enmienda, al ejercicio del reconocimiento del posible error y a partir de ahí al impulso de la solución. El atajo de la bronca, o de la descalificación general, denota una actitud vaga, simplista. Lo suyo, lo saludable, es preguntar a quienes sí saben, y los que sí manejan fundamentos jurídicos parecen coincidir en que, siendo la de los redactores de la ley una decisión legítima de política criminal, no estamos ante un supuesto de interpretación de ley, básicamente porque los rangos de la pena en la legislación anterior y nueva están claros, lo que, desmintiendo a la ministra, conduce al ámbito de un error u olvido. Hay más. La aplicación retroactiva de la norma más favorable desemboca en la reducción de penas en determinados casos y, al parecer, en esta ocasión no está claro que una disposición transitoria evite, como ya ocurrió con anteriores reformas del Código Penal, situaciones no deseables. Quienes sí saben de esto apuntan que el marco de actuación de los jueces es tan limitado que no deja margen para arbitrariedades, y, además, recuerdan que la aplicación de un principio básico, de la ley más favorable para el condenado, y de sus consecuencias, fue advertida en los informes del Consejo; o no lo leyeron o lo obviaron. Todos los caminos conducen a que el legislador pudo evitar la situación que se ha generado. La norma que unifica los delitos de abuso y agresión abona muchas aristas, tantas que lo inmediato por parte de la ministra habría sido abrirse a esos interrogantes, y no, como ha ocurrido, que se atrinchere en el sí, sí o sí. Que la Fiscalía establezca que no se revisarán las penas cuando la impuesta quepa en el nuevo marco del solo sí es sí, decretándose una respuesta uniforme, en modo alguno amortigua el rastro que la pésima reacción de la ministra ha dejado en el camino.