Marián Franquet, vicepresidenta tercera y consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, repasa las claves del programa Conecta Mayores, en el que la Corporación insular trabaja para mejorar la atención a las personas de más de 65 años y dar una respuesta adecuada a las distintas realidades de este colectivo. Con este objetivo, en 2022 el Cabildo ha repartido un millón de euros entre los 31 ayuntamientos de la Isla para financiar actividades de tipo preventivo, que se suman a otras iniciativas impulsadas desde las distintas áreas insulares.
-Este año el área de Acción Social del Cabildo se ha volcado en las personas mayores de Tenerife a través del programa Conecta Mayores. ¿En qué consiste?
“La política de mayores que estamos desarrollando en el Cabildo de Tenerife sigue una estructura integral y transversal, que va más allá de las acciones de tipo asistencial. El programa Conecta Mayores busca, en este sentido, ayudar a paliar las desigualdades y vulnerabilidades que sufren las personas mayores de 65 años y contribuir a que puedan afrontar con calidad de vida su proceso de envejecimiento. Para ello, cuenta con dos líneas de actuación. La primera es la que conecta todas las áreas del Cabildo, es decir, que optimiza nuestros propios recursos para ponerlos a disposición de la ciudadanía. Por otro lado, nos coordinamos con instituciones como los ayuntamientos, clubs de mayores y otras organizaciones”.
-¿Cuál es la estrategia que siguen desde Acción Social para dar apoyo a la población mayor?
“Hablamos de un sector poblacional muy variado, ya que hemos encontrado personas mayores autónomas, pero también en situaciones muy complejas. Teniendo esto en cuenta, desde el área de Acción Social hemos mejorado las medidas existentes y hemos creado proyectos completamente nuevos para cubrir sus necesidades en todos los ámbitos, sobre todo después de la pandemia. Por primera vez, hemos planteado servicios como, por ejemplo, un programa de ayuda en los domicilios o un sistema de teleasistencia, además de seguir trabajando para ampliar el número de plazas residenciales para mayores. También hemos realizado el primer estudio para conocer la situación de los mayores en la Isla”.
-La pandemia fue un factor a tener en cuenta a la hora de actualizar las políticas de mayores. ¿Qué consecuencias ha tenido la COVID-19 en sus vidas?
“Se vieron afectados en diferentes ámbitos. Primero, el sanitario, porque tienen un estado de salud más precario. Luego viene la parte más social, que es la más compleja. Los problemas que ya tenían se acrecentaron de forma significativa, y no solo hablo del tema psicológico y de la soledad o el estrés por no poder salir. Hablo de desvincularse muchas veces de la familia, el que no puedan ver a sus hijos o a sus nietos, todo eso hizo una mella muy importante. El no salir durante dos años y mantener una actividad física mínima también tuvo mucha repercusión. Y ahora estamos viendo que arrancar está costando mucho. Al final, han perdido la rutina, están más deteriorados y les cuesta mucho volver a retomarla. Aún estamos en ese proceso. Estas personas han perdido dos años y, dependiendo para qué edades, eso es muchísimo tiempo. Por eso, es importante reactivar cuanto antes las actividades para los mayores a través, por ejemplo, de la concesión de subvenciones directas a los ayuntamientos”.
-¿En qué consiste la subvención de un millón de euros distribuida en los 31 ayuntamientos de la isla? ¿Cuál ha sido el criterio de reparto utilizado?
“Es una subvención pensada para facilitar recursos a todos los ayuntamientos de la Isla que les permitan poner en marcha actividades de ocio y tiempo libre, que forman parte de sus competencias, dirigidas a las personas mayores de 65 años de su municipio, con el objetivo de paliar el aislamiento social. Lo que se hizo fue coger ese millón de euros y, con un cálculo exclusivamente matemático, dividirlo entre los municipios, atendiendo a criterios demográficos objetivos, como es el número de personas mayores que reside en cada municipio, También se tuvieron en cuenta diversos factores sociales, como la edad de la población mayor o el porcentaje de personas mayores discapacitadas. No es lo mismo una persona de 65 años que una de 90; ni tampoco un municipio con un porcentaje de personas con discapacidad alto o bajo; o si hablamos de un territorio disperso o uno con la población concentrada”.
