“Todos queremos trabajar cerca de casa”. Sirva la frase pronunciada por una de las portavoces del colectivo, la doctora tinerfeña Pilar Marrero, para resumir de la forma más breve posible el malestar generado entre más de 150 médicos de AP (Médicos de Familia y Pediatras) con plaza fija obtenida por toda Canarias, la mayoría de ellos en una Oferta Pública de Empleo (OPE) celebrada en 2007.
Dichos profesionales se han organizado en una plataforma con la que “buscamos defender nuestros derechos, dado que nos vemos afectados por la negativa de la administración a realizar un reordenamiento del destino de los profesionales fijos previamente a la adjudicación de plazas de los nuevos propietarios que la obtendrán mediante la próxima OPE de estabilización”, para lo cual han puesto el tema en manos del bufete local Medina&González Abogados.
Siempre en el afán de simplificar su mensaje, el motivo de discordia es que, a su juicio, el Servicio Canario de la Salud debería celebrar un concurso de traslado previo a esa nueva OPE de estabilización y que está motivada, como es sabido, por el mandato europeo dado a las administraciones públicas españolas para terminar de una vez con los interinos que se han eternizado en las mismas.
Un proceso, eso sí, que cuenta con todos los parabienes de esta plataforma por lo que respecta a las causas que lo motivan, pero que entienden supone un perjuicio para ellos, al no “contar con las mismas oportunidades, dado que, con las circunstancias actuales, nos hubiera ido mejor paradójicamente si no hubiéramos acudido a la OPE de 2007 para acceder a unas plazas que se firmaron en 2018, es decir, se tardaron 11 años en resolver”.
“Hay que recordar -continúa la doctora Marrero- que en esa OPE de 2007 se ofertaron para toda Canarias 272 plazas, gran parte de ellas en centros alejados y de difícil cobertura y plazas en servicios de urgencias extrahospitalarios. Pero como la UE obliga a convocar un proceso de consolidación de los profesionales que trabajaron durante años de forma eventual y/o interina (contratos en fraude de ley), se prevé la estabilización de estos profesionales en las plazas que ocupan actualmente.
De llevarse a cabo así, los que tenemos plaza previa nos vemos penalizados por ser de centros alejados, otras islas o servicios de urgencias sin poder optar a ninguna de las 626 plazas nuevas, muchas en centros metropolitanos o con mejores condiciones”, concluye Marrero.
