El presunto asesino de Romina Celeste sale de la cárcel sin ser juzgado

No solo no esconden la cabeza como las avestruces, sino que la Justicia canaria se pone las pilas en el caso de Romina Celeste, la mujer que murió de forma violenta en el Año Nuevo de hace cuatro años y que su cadáver fue descuartizado y diseminado por distintas partes del litoral de Lanzarote por su marido, Raúl D., tal y como él mismo confesó, aunque asegura haberlo hecho después de encontrarla muerta.

Fiel a la reconocida trayectoria del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Carlos Lorenzo Bragado, la Sala de Gobierno del TSJC acordó ayer incoar de oficio (o sea, sin que nadie lo reclame) una investigación gubernativa para determinar las posibles disfunciones que, en su caso, se hayan podido registrar en la tramitación del procedimiento por la muerte de la vecina de Costa Teguise Romina Celeste N.R., al haber tenido que ser puesto en libertad provisional el encausado, ya que se sobrepasó el plazo máximo legal de prisión preventiva (cuatro años) sin que se haya podido celebrar el juicio de jurado. No es la primera vez que Lorenzo Bragado demuestra su decidido interés en afrontar públicamente este tipo de asuntos, por polémicos que resulten, como demostró durante su trayectoria como decano de los jueces de la provincia tinerfeña.

Ahora, tras la lógica alarma social de que a primera hora de ayer, como preveía este periódico, se hiciera efectiva la puesta en libertad de Raúl por imperativo legal, dada la incapacidad de haberlo llevado a juicio en el referido plazo de cuatro años, el TSJC ha tomado cartas en el asunto, a tal punto de designar como instructor del expediente que nos ocupa a nada menos que el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya Valdés, quien se desplazará la próxima semana a Arrecife a fin de comprobar cuantos extremos sean necesarios a este respecto.

Hay que tener en cuenta que las posibles claves sobre lo sucedido pueden tener relación con el múltiple relevo de los jueces a cargo de dicho juzgado, que se habrían ido sustituyendo sin afrontar realmente (como cabría esperar) sus responsabilidades sobre un caso que estremeció a toda la opinión pública española y a la canaria en general, dada la truculencia y gravedad del mismo, no digamos ya particularmente respecto a los conejeros en un asunto que trascendió incluso fronteras, hasta tal punto que no pocos medios de Paraguay (de donde era natural Romina Celeste) informan desde entonces lo sucedido con su compatriota en Canarias.

Es de justicia aclarar que, por lo que respecta al tema en cuestión, la Fiscalía sí que hizo su tarea, por cuanto en julio del pasado año elevó un escrito de acusación donde formuló las sospechas sobre Raúl para pedir una pena de 20 años de cárcel como asesino de la infortunada mujer.

Asombro

Qué mejor reflejo del asombro causado que lo manifestado por la abogada de la familia de Romina Celeste, Emilia Zaballos, quien ayer explicó a la prensa que, a su juicio, el “mal manejo de los tiempos” por parte de los tribunales ha permitido que el acusado de la muerte de su mujer salga de la cárcel al cumplirse el periodo máximo de prisión provisional que permite la ley, que son dos años más otros dos de prórroga.

Para Zaballos (y razón no le falta dada la gravedad del caso, no digamos ya con lo que está sufriendo la sociedad española con el brutal repunte de la violencia machista durante las pasadas fiestas) estamos ante un hecho “inusual”, y el sentimiento tanto de la familia de Romina como de ella es de “decepción, asombro e impotencia”, pero, “sobre todo, de enfado”, ya que considera que “no” se puede estar centrándose en el “tema de aprobar leyes, de errores en las leyes y luego no controlar los tiempos en la aplicación de la justicia y se produzca una barbaridad como esta simplemente por el retraso de un juzgado tramitando un procedimiento”.

Una cuestión que, consideró la abogada en cuestión, debe “llamar la atención”. En este sentido, se dirigió a la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante una entrevista en el programa Mas de Uno Canarias, de Onda Cero Canarias y recogida por Europa Press, para pedirle que reaccione, porque si bien es un caso que “no tiene nada que ver con la ley del solo sí es sí”, sí que entiende que en ocasiones se “dispersa y legisla en exceso y el sistema” judicial tiene unas “carencias brutales en la falta de recursos, en la falta de medios”, por mucho que nada tenga que ver con el tema. Resta recordar que Raúl fue detenido el 13 de enero de 2019 como supuesto autor del asesinato de Romina, de 25 años y nacionalidad paraguaya, dándose la circunstancia de que fue el propio marido el que denunció su desaparición al decir que no sabía nada de ella desde la Nochevieja de 2018.

Sin embargo, los agentes de la Guardia Civil que se encargaron del caso reunieron los indicios suficientes para verificar que no se trataba de una desaparición, sino de un asesinato a manos de su pareja y que posteriormente el hombre habría intentado deshacerse del cuerpo por diferentes métodos.

El acusado ha estado hasta ahora en la prisión de Tahíche y a su salida de la misma tendrá prohibido salir de territorio nacional porque se le ha retirado el pasaporte. Además, el auto recoge que estará obligado a comparecer todos los lunes en sede judicial, a designar un domicilio en España y notificar cuantos cambios de domicilio verifique. Aunque el juzgado habilitó el pasado agosto la celebración del juicio, errores procesales obligaron a la Audiencia Provincial de Las Palmas a devolver el sumario, y, entre dimes y diretes procesales, se antoja rotundo este fracaso.