Sus compañeros la han elegido como la portavoz para la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde su incidencia, al igual que en buena parte del país, está teniendo enormes consecuencias entre la ciudadanía afectada, pero también para el resto de trabajadores del sector. Llegó de Murcia en 2014 tras aprobar las oposiciones y su primer destino fue Arona -”todo un máster de prácticas”, reconoce”-, para luego acabar en la jurisdicción mercantil de Santa Cruz de Tenerife. Plenamente arraigada en la Isla, Esperanza Torregrosa (Torrevieja, 1987), da la cara por sus compañeros con un activismo que, reconoce, “nunca pude imaginar verme en este papel, pero pedimos lo que consideramos justo”.
-¿Qué seguimiento ha tenido la huelga en la provincia tinerfeña durante los cuatro días?
“Desde esa perspectiva estamos contentos porque estamos en un 60% de seguimiento, y es un porcentaje alto para la gravedad que conlleva el paro. Y conforme se incorporen los compañeros que se encuentran de vacaciones ahora mismo obligatoriamente, confiamos en que cada vez se sumen más”.
-¿Y cómo percibe la huelga desde la perspectiva de los usuarios y de otros profesionales del sector?
“En ese sentido no estamos contentos con el resultado. Somos conscientes de la situación que se está provocando, pero el Ministerio de Justicia no parece compartir nuestro pesar”.
-Dados los servicios mínimos impuestos, los más perjudicados son las jurisdicciones de lo civil y lo mercantil, pero también en los juzgados de familia…
“Efectivamente. La civil y la mercantil, por volumen de entradas, son las más afectadas, y ahí están los concursos de acreedores, sin ir más lejos. Pero quiero resaltar lo que ocurre, por ejemplo, a quienes el Gobierno aprobó ayudas para los ciudadanos cuyos ingresos no llegan al actual Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que hay cantidades consignadas por embargos, y que habría que devolverles, pero como ese juzgado esté en huelga no van a percibir ese dinero”.
-¿Deduzco de sus palabras que hay personas que están pasando necesidad al no poder acceder a unos ingresos mínimos para su subsistencia y a los que tienen derecho?
“Sí. Una vez ejecutado un embargo de cuentas a un particular, la ley dice que una determinada cantidad, aquella que no supera el SMI, es inembargable. Pero la aplicación del banco no distingue si es un salario o no, y el embargo congela la cantidad en cuestión reclamada por Hacienda. Es cuando el ciudadano reclama o la propia administración de justicia se da cuenta de que se superan los límites, se obra en consecuencia y se decide devolver el dinero que corresponda al ciudadano. Pero como este tipo de decisiones no está en los servicios mínimos, ese dinero queda retenido”.
-Disculpe que le insista. ¿Hay quien pasa necesidad porque no se le devuelve el dinero que le corresponde para subsistir?
“Correcto”.
-¿Qué pasa con los juzgados de familia?
“Muchas veces corresponde a uno de los progenitores el pago de la pensión alimenticia para los menores, y es el LAJ quien expide la orden de pago a quien corresponda, y eso también está bloqueado. Los juicios también son importantes, obviamente, pero el dinero que se está reteniendo es muy importante”.
–Citó antes los concursos de acreedores. ¿Ahí pueden quedar atrapados hasta millones de euros?
“Efectivamente. Por las características de la jurisdicción mercantil, pueden quedar bloqueadas también cantidades muy importantes. Y le pongo un ejemplo muy sonado, como es la paralización del proceso de Abengoa [la multinacional española actualmente en concurso], y da medida de la gravedad de lo que está pasando”.
-¿Qué percibe entre los compañeros? ¿Siguen las asambleas
“Sí. Cada semana hay asamblea y la indignación es mayor porque va en aumento ante la falta de respuesta del Ministerio de Justicia, pese a la gravedad de lo que está pasando”
-¿Y por qué solo, pese a lo importante del porcentaje, un 60% de seguimiento?
“Porque la voluntad de servicio público entre los LAJ es tan grande que, pese a los incumplimientos reiterados del Ministerio, hay compañeros que no quieren agravar todavía más la congestión actual de los juzgados”.
-¿Quiere añadir algo?
“Nuestras más sinceras disculpas a quien pueda resultar perjudicado. No entendemos por qué el Ministerio ni siquiera negocia”.
