Cual aleteo de la mariposa que abre la Caja de Pandora, en los teléfonos móviles que tenía a su nombre Marco Antonio Navarro Tacoronte, hombre clave, cuya información ha conducido al desmantelamiento de una presunta trama de corrupción con alcance estatal (en la que él se presenta como mediador en toda la instrucción judicial), pero con evidente protagonismo canario que se ha desvelado ahora, se cimenta una investigación que se inició hace poco menos de un año y que ha liderado el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife.
“Hay desde vídeos con juergas celebradas en Madrid harto comprometedores para cargos electos como destacados empresarios a datos acerca de transferencias económicas de todo tipo y dudosa legalidad”, explican por vías extraoficiales fuentes de la investigación a DIARIO DE AVISOS respecto al más de centenar de archivos que el citado mediador.
Lo cierto es que su predisposición a colaborar con el juzgado en cuestión ha sido notable, y el resultado de ello resulta impactante, no en balde a última hora de anoche se ha sabido que el diputado por la provincia de Las Palmas y declarado como investigado por esta causa, Juan Bernardo Fuentes (PSOE), ha renunciado a su escaño en el Congreso tras verse implicado en la operación antifraude que nos ocupa.
Para apreciar la trascendencia de la misma, basta con recordar que han sido detenidos un exdirector general del Gobierno canario llamado Taishet Fuentes y un general de la Guardia Civil retirado, Francisco Javier Espinosa Navas, a cuenta de la presunta comisión de delitos tales como pertenencia a organización criminal, estafa y cohecho.
Del alcance del operativo, ejecutado por un grupo especializado en la lucha contra la corrupción de la Policía Nacional que ha contado con la colaboración de una unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil, también da cuenta que son 11 los detenidos (por ahora) y hasta 18 los registros efectuados en este caso Mediador.
Se prevé que sea entre hoy y mañana cuando se proceda a la puesta a disposición judicial para resolver las situaciones personales de todos los detenidos por esta presunta trama de corrupción, porque el plazo de la detención vence el próximo viernes a primera hora, tal y como acordó la jueza de instrucción mediante un auto.
Que se dictamine o no la prisión provisional para algunos de los arrestados dependerá de los resultados de la documentación en poder del juzgado, donde al parecer hay contratos, subvenciones y copias de transferencias bancarias, que se traducen en beneficios ilícitos a cambio de compensaciones por evitar inspecciones y similares.
En las grabaciones figura una conversación supuestamente comprometedora entre una senadora del PSOE y un grupo de empresarios de Madrid, en la que también participó el mediador.