El general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa Navas ingresó ayer en el Centro Penitenciario Tenerife II por decisión adoptada desde el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife respecto a la redada efectuada el pasado martes por el llamado caso Mediador, que versa sobre una presunta corrupción en la que se implica a los acusados por delitos tales como blanqueo de capitales, cohecho, pertenencia a organización criminal, falsificación y tráfico de influencias.
A la espera de que dicho juzgado adopte una decisión sobre el ahora exdiputado en el Congreso por la provincia de Las Palmas, Juan Bernardo Fuentes (que renunció a su escaño tras ser declarado como investigado por esta causa), Espinosa Navas es el único que ha sido enviado a prisión. Según el auto dictado en cuestión, los argumentos para ello obedecen a la posibilidad de que pudiera destruir pruebas de su participación en los hechos y por sus conocidas influencias y amistades en las Islas, sin duda fruto de su paso como responsable de la Guardia Civil por lo que respecta a la provincia de Las Palmas.
Sin duda, a ello ha ayudado el hecho de que, tras ser arrestado a las puertas de su domicilio madrileño, se hallaran en el mismo en registro legalmente autorizado judicialmente miles de euros en efectivos escondidos en dos cajas de zapatos. Sobre la cantidad exacta, nuevas fuentes fijan la misma -supuestamente- en unos 61.000 euros.
Con cargos
Como se ha dicho, el resto de detenidos durante la redada han quedado en libertad con cargos tras su paso a disposición de la autoridad judicial, entre ellos el exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes (sobrino del diputado dimitido, a quien además sustituyó en dicho cargo antes de ser, a su vez, destituido por “pérdida de confianza” durante esta misma legislatura), así como empresarios que habrían, presuntamente, aceptado la supuesta extorsión de la trama para evitar inspecciones en sus explotaciones ganaderas y garantizarse el acceso a las ayudas europeas al sector. Además, se sospecha que igualmente se chantajeó a empresarios foráneos para poder acceder a los beneficios fiscales de la Zona Especial Canaria (ZEC).
Respecto al general de la Guardia Civil en cuestión (que en los años donde tuvieron lugar los hechos investigados tenía responsabilidades directas en la misión española respecto al Sahel), especificó ciertos datos al respecto pero negó haber amañado contratos relacionados con empresarios de la Península.
En cuanto al resto, que quedan en libertad con cargos, se les ha impuesto medidas cautelares, tales como la retirada del pasaporte o la prohibición de salida del territorio nacional y comparecencia en sedes judiciales los días 1 y 15 de cada mes.
Destaca, por supuesto, el referido Taishet y su tío ahora el exdiputado, pero entre los que también se encuentran un matrimonio catalán que en 2016 adquirió la empresa de lácteos Sandra, Esteban Banús e Inmaculada Roca.
Los demás
Los otros investigados, todos empresarios, son Alberto Montesdeoca (Biogranja Montesdeoca, Quesería Montesdeoca, Granja Caprina del Sur y Lácteos Montesdeoca); Miguel Ángel Robayna (Hispano Robysa); Julián de Santa Bárbara Pérez (Raza Caprina Majorera); Antonio Bautista (Cleanergetic Seers Solutions, Madrid); José Santiago Estévez (relacionado con una empresa de drones) y Raúl Gómez (relacionado con empresas de energías renovables en Madrid).
A estos diez detenidos en la redada hay que añadir el ya citado como investigado Juan Bernardo Fuentes, pero también a M.A. Navarro Tacoronte, el presunto mediador que da nombre al caso y que en realidad ha sido fundamental para detectar la trama, por cuanto en sus dos teléfonos móviles se encontró el hilo por donde se tiró del ovillo que condujo a esta madeja que facilitó abrir la Caja de Pandora cuyo resultado es la redada que nos ocupa.
