El pleno del Congreso de los Diputados aceptó ayer tramitar la proposición de ley impulsada por el Parlamento de Canarias que modifica el artículo 44 del REF para permitir que empresas instaladas en la Zona Especial Canaria (ZEC) puedan dedicarse al comercio triangular, que en las Islas lo realizan unas 120 empresas que facturan al año unos 130 millones de euros y mantienen cerca de 800 puestos de trabajo. Tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, esta actividad se permite ahora a empresas que mantengan el 90% de sus recursos en Canarias. A fin de evitar irregulares, no podrán acogerse a la ZEC operaciones de comercio triangular realizadas con entidades establecidas en paraísos fiscales o con pagos desde o hacia esos territorios. La iniciativa plantea rebajar esos criterios hasta el 50%. Fue defendida por los diputados autonómicos Manuel Domínguez (PP), Rosa Dávila (CC-PNC-AHI) e Iñaki Álvaro Lavandera (PSOE), con el rechazo de Unidas Podemos.
Domínguez, portavoz del PP en la Cámara regional, se quejó de que vivir en Canarias es ser un “ciudadano de segunda” por el “trato” que le da el Gobierno central. Así, ante la “falsa apariencia” de que Canarias es un “paraíso fiscal”, manifestó que es “justo” defender los “derechos” de los canarios, “no privilegios”, con el objetivo de estar al mismo nivel que el territorio nacional.
Dávila apuntó que la “reinterpretación” de la norma por parte del Ministerio de Hacienda ha creado “inseguridad jurídica” y ha dejado en el aire unos 800 empleos, hasta el punto de que el Parlamento ha presentado esta iniciativa para que se “respeten” los derechos de los canarios. Tachó de “caprichosa” la interpretación del ministerio que deja una “enorme sombra” de inseguridad a las empresas instaladas en la ZEC; algunas con más 21 años de actividad.
Lavandera arguyó que el comercio triangular está incluido en el REF y permite generar inversión y empleo en Canarias, “un región ultraperiférica”. Reseñó que el comercio triangular se desarrolla en el Archipiélago desde 2000 y precisó que no se puede arriesgar a caer en el problema “reputacional” que ha tenido Madeira.
La diputada María Fernández (CC) resaltó que esta ley supone la “supervivencia” de las empresas y que el REF “no es una prebenda ni un privilegio”, sino una herramienta para igualar a Canarias con la Península. Juan Ignacio López-Bas (Ciudadanos) apoyó reforzar el REF para darle seguridad jurídica y ayudar a pulir las “desventajas” de Canarias y asegurar una actividad comercial que lleva en vigor desde hace más de 20 años. Laura López Domínguez, de Unidas Podemos, reivindicó un REF “que se oriente a las personas, la mayoría social y luchar contra la pobreza, y no para favorecer a las grandes empresas”. Andrés Rodríguez (Vox) admitió que el REF “no funciona” porque no aporta seguridad jurídica a las empresas, algo que queda demostrado con siete modificaciones del artículo 44 “por culpa de los legisladores”, y criticó la opacidad con la que trabajan los inspectores. Ana Zurita (PP) argumentó que la ZEC se creó para atraer inversión en Canarias, pero lamentó que al Gobierno “le da igual” y obliga a trabajar a los diputados canarios en cuestiones que están en la ley y ahora se obliga a las empresas a tributar por un 25% en lugar de a un 4%. Tamara Raya (PSOE) celebró el “amplio consenso” del Parlamento de Canarias en torno a la ley, aunque censuró que haya partidos que traten de apropiarse del REF, “que pertenece a la ciudadanía, es un elemento de cohesión y sostenibilidad territorial”.
El presidente del Parlamento canario, Gustavo Matos, ponderó “la relevancia para Canarias de que el Congreso debata y vote un proyecto de ley que sale del Parlamento de Canarias”, una excepcionalidad que, apostilló, “demuestra que está al pie del cañón de los proyectos importantes para el presente y futuro de Canarias”, apostilló.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, recibió a la representación de la Cámara autonómica, incluido su secretario general, Salvador Iglesias.
