La Asociación Tierra Bonita, con el respaldo de la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados por la Erupción y la Asociación Agua para La Palma, y a través del despacho de abogados Martínez-Echevarría, ha presentado una querella criminal ante los Juzgados de Los Llanos de Aridane contra el comité director y el científico con responsabilidad en el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) por presuntos delitos de prevaricación, lesiones y daños.
Los denunciantes detallan en un comunicado que “pretenden demostrar que la erupción, aunque era inevitable, sí era previsible, en términos de protección civil, pero no se adoptaron las medidas oportunas que habrían minorado los daños materiales y a la salud de la población, así como a los animales, y no se habría expuesto a un grave riesgo de muerte a miles de personas”.
En esa línea lamentan que ni siquiera se llevó a cabo una evacuación preventiva general antes de la erupción, pese a las “evidentísimas señales objetivas de su inminencia, con una clara intensificación en los días y horas previos, y de que se había perimetrado la zona donde existía mayor probabilidad de ocurrir este peligroso fenómeno”.
Según los querellantes, hubo una actuación “negligente, temeraria, imprudente y delictiva” por parte de las autoridades, lo que derivó en un “grave perjuicio”, no solo con la pérdida de bienes sino también en la salud y en el bienestar emocional y psicológico de los ciudadanos.
Asimismo indican que el protocolo del Pevolca “establece con meridiana claridad” que en caso de erupción inminente el nivel de alerta o semáforo volcánico debe pasar de amarillo a, cuanto menos, naranja, lo que implica la evacuación preventiva de toda la población en riesgo, recomendación esta que sí consta en el informe del Comité Científico del día 19 de septiembre, “pero que no se llevaría a cabo”.
“Solo la suerte, y no el plan de emergencias, evitó que en el momento del inicio de la erupción se produjeran víctimas mortales, ya que si las bocas eruptivas de hubieran abierto a unos cientos de metros del lugar en que comenzó la catástrofe, hoy estaríamos lamentando una tragedia con muertes desde ese primer momento”, comentan.
Los denunciantes también remarcan que había “evidencias científicas” sobre la reactivación volcánica de La Palma desde 2017 y “sin que la población fuera informada de manera oficial ni tuviera mayor consecuencia en la planificación territorial ni en la concesión de licencias de construcción en el ámbito de Cumbre Vieja o en recomendaciones de aseguramiento de bienes”.
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