La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno regional invertirá a través de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (Acpmn) unos tres millones de euros durante el presente ejercicio en el sellado y la restauración ambiental de cinco vertederos inertes situados en las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Gomera.
El consejero responsable del área, José Antonio Valbuena, resalta que estos espacios de abandono de basuras y enseres se enmarcan en el expediente de infracción abierto por la Comisión Europea en 2015: “De los 46 vertederos que se incluían en este expediente, ya se ha sellado el 50% y otros dos cuentan con autorizaciones temporales para aprovechamiento minero y para la gestión de residuos”. Los vertederos inertes que se rehabilitarán en 2023 son Las Carboneras, en Santa Lucía de Tirajana, con una superficie de 22.660 m²; Montaña Calacio, en Telde, de 37.521 m²; Punta de La Vaca, en San Sebastián de La Gomera, de 19.230 m²; Los Abrigos, en San Miguel de Abona, de 19.208 m², y Rotonda Vía de Penetración, de Santa Cruz de Tenerife, con 43.772 m². La superficie total estimada que se recuperará asciende a unos 142.393 m².
Valbuena aprovecha la ocasión para enviar un mensaje de concienciación a la ciudadanía de Canarias con el fin de evitar que proliferen estos “puntos negros medioambientales para nuestro ecosistema, que no solo dañan al territorio por los efectos evidentes de la contaminación, sino que suponen un gasto económico para las cuentas públicas que podría destinarse a otros servicios básicos”. La mayoría de los municipios cuentan con un servicio de recogida de enseres, recalca; “en muchos casos, con la posibilidad de desplazarse hasta los domicilios que lo soliciten”.
La Acpmn fue creada por la ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias, como “consorcio interadministrativo, para el desarrollo en común, por la Comunidad Autónoma y las administraciones insulares y municipales asociadas, de la disciplina urbanística y ambiental, con el objeto de proteger nuestro medio ambiente”. Posee una personalidad jurídica propia y diferente de sus consorciados, así como autonomía en el cumplimiento de sus funciones. El sistema de gestión se fundamente, por lo tanto, “en su naturaleza consorcial voluntaria, el desempeño de competencias propias y delegadas, así como la colaboración interadministrativa”.
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