La decena de familias del edificio ubicado en Las Canteras, en Buenavista del Norte, que hace unos meses lograron que se paralizara su desahucio, han visto como esta mañana los operarios de la compañía de suministro eléctrico procedían al corte de la luz del inmueble. La situación administrativa del edificio había quedado a la espera de que el nuevo propietario formalizara la compra de los pisos, una vez que se había paralizado el desahucio previsto en mayo pasado, una operación que según la información que tienen los vecinos podría formalizarse en octubre de este año.
Los vecinos aseguran que no han recibido ningún tipo de notificación sobre el corte efectuado, ni ellos, ni su abogada, y que, aunque han intentado obtener alguna explicación de los operarios y los agentes de la Guardia Civil que los acompañaban no han obtenido respuesta.
“Nos vamos al juzgado a denunciar esta situación y a pedir medidas de amparo para que restablezcan el servicio. Aquí hay menores y personas con un alto grado de dependencia a los que han dejado sin luz, un viernes, en agosto, no hay derecho”, lamentaba una de las vecinas afectadas, Melody Salazar.
Como explica esta vecina, se han puesto en contacto también con la alcaldesa, Eva García, que les ha dicho que vayan al juzgado a denunciar el corte de luz, del que el Ayuntamiento al parecer tampoco estaba informado. “Le hemos pedido a la alcaldesa que al menos nos proporcione un grupo electrógeno por si esta situación no se arregla de forma rápida porque no podemos estar sin luz, tenemos todo eléctrico”.
Insisten en que se están vulnerando sus derechos al no avisarles de que se iba a producir el corte del suministro. En otras ocasiones, que también han intentado cortar la luz, los vecinos han podido hacer las gestiones pertinentes para evitar el corte.
La historia de estas familias se remonta a más de una década atrás, cuando un grupo de vecinos se suscribió al alquiler de una vivienda de Protección Oficial de promoción privada con opción a compra en una urbanización de cuatro edificios de Roycasa.
Para poder legalizarlos, era necesario que tuvieran salida hacia la Carretera General TF-42. La empresa consiguió que el Cabildo de Tenerife le diera permiso para ejecutar una de carácter provisional y pudo legalizar solo dos de ellos y los otros permanecieron cerrados, ya que, pese a estar terminados, no contaban con todos los permisos para ser habitados.
Al parecer entre los años 2012 y 2013 el Ayuntamiento detectó que la promotora había comenzado a alquilar esos pisos con contratos privados, una situación que se le advirtió a los vecinos. El año pasado la promotora perdió la titularidad del edificio, que fue adquirida por un fondo buitre y, a partir de ese momento, comenzó su lucha en los juzgados. Les pusieron un lanzamiento de desahucio para octubre del año pasado, que se logró paralizar y otro en diciembre, con el mismo desenlace. El último intento fue el del mes de mayo, que también se ha paralizado.
Aunque la propiedad fue adquirida por un fondo buitre, hasta día de hoy no se ha cambiado la titularidad de la luz ni arreglado la luz de obra, y en tres ocasiones la compañía de suministro eléctrico ha intentado cortarla, corte que hoy sí que han hecho efectivo. La actual propietaria había retirado la denuncia puesto que está negociando la venta del inmueble, por lo que es probable que no haya actualizado los contratos de suministro a la espera de formalizar la venta y que sea el nuevo propietario quien haga este trámite.
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