Una alegría inmensa y un gran alivio. Eso es lo que sintieron los vecinos del barrio de La Canteras, en Buenavista del Norte, cuando ayer su abogada les comunicó que la justicia paralizaba el desahucio previsto para hoy, a las 10.00 horas.
“Ha sido un respiro en la gran lucha que hemos tenido en estos días”, confesó a este periódico Melody Salazar Luis, una de las afectadas. Las viviendas, pertenecientes a una promoción privada de Roycasa, fueron adquiridas por un fondo buitre tras perder la empresa la titularidad de las mismas el año pasado.
En su caso, ya había trasladado algunas pertenencias al salón de la casa de su abuela y otras al de su madre, a falta de sacar ayer por la tarde algunos electrodomésticos, pero ya no será necesario.
Con la misma velocidad que recogieron sus cosas en los últimos tres días, las desempacaron también ayer por la tarde, pese a que hasta último momento la situación “fue desesperante”.
Hubo vecinos que se plantearon la opción de montar una caseta de campaña al no tener donde ir y tampoco poder pagar un alquiler que no sobrepasara los 400 euros. Por la mañana, sin conocer todavía la decisión judicial, se podía ver por fuera del edificio furgones de empresas de transporte que esperaban a que los afectados terminaran de cargar sus enseres, algunos con la incertidumbre de no saber dónde dormirían esta noche.
Como Dimarsa, madre de tres niños y que lleva viviendo en el edificio ocho años, desde 2015. En estos últimos días se dedicó “a buscarse la vida, a hablar con el Ayuntamiento y a estudiar opciones para sus tres niños”. Su caso era uno de los cinco que estaban pendientes de un informe de vulnerabilidad, dado que así lo requería la jueza para que su desahucio quedara nulo.
La familia de Alicia también se encuentra en la misma situación. Su esposo tiene una discapacidad del 70% y es madre de un hijo adolescente. “Pasamos muchos nervios; al menos hoy podremos dormir bien”, declaró.
Como la mayoría de sus vecinos, tampoco tenía dónde ir. Atinó a llevar sus muebles a un trastero que pagó para no perder sus pertenencias, sin saber dónde iba a dormir cuando dejara su casa, en la que lleva viviendo nueve años.
Según la abogada de las familias afectadas, el proceso está lleno de irregularidades de todo tipo y hubo que analizar cada uno de los contratos debido a la modificación de la ley en marzo de 2019. Ello requirió la celebración de juicios y comparecencias individuales por cada vivienda que se extendieron hasta febrero de este año, porque había que determinar si el título era o no válido.
Uno de los requisitos hasta ese momento en este tipo de procesos era tener el contrato de arrendamiento inscrito en el Registro de la Propiedad, una condición que la mayoría no cumple, pero que la ley exige.
Anomalías
Entre las anomalías encontradas, había contratos de 2012 que no se habían renovado, pero que seguían pagando la renta. Los autos de ejecución hipotecaria son de 2015; desde entonces, la entidad bancaria puso una demanda contra la promotora, porque no pagaba la hipoteca y, aún así, seguía haciendo contratos sin poder hacerlos legalmente. El último de ellos tiene fecha de hace más de un año, cuando la propiedad ya había sido adquirida por un fondo buitre, que hasta día de hoy ni siquiera ha cambiado la titularidad de la luz ni arreglado la luz de obra, y en tres ocasiones la compañía de suministro eléctrico ha intentado cortarla.
Pero quizás la más grave es que supuestamente eran viviendas de protección oficial con calificación provisional, que nunca se elevó a definitiva, porque Roycasa no realizó los trámites oportunos para obtener la cédula de habitabilidad y el certificado de final de obra, necesarios para que el Ayuntamiento otorgue los permisos de primera ocupación de cualquier vivienda y, sobre todo, de una VPO con calificación definitiva.
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