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Una decena de vecinos de Buenavista del Norte, obligados a abandonar sus casas en cinco días

Los afectados, entre ellos familias con menores a cargo y personas vulnerables, son inquilinos de una promoción de viviendas en Las Canteras adquirida por un fondo buitre
Melody Salazar, en el edificio junto a algunos de los vecinos que, como ella, tienen que abandonarlo el viernes.
Melody Salazar, en el edificio junto a algunos de los vecinos que, como ella, tienen que abandonarlo el viernes. DA

“Queremos que se nos escuche, estamos desesperados”, asegura Melody Salazar Luis, una vecina del barrio de Las Canteras, en Buenavista del Norte, a la que ayer le llegó un lanzamiento de desahucio por parte del Juzgado de Primera Instancia de Icod de los Vinos para el día 12 de mayo, es decir, el próximo viernes.

No es la única. Hay una decena de afectados, entre ellos familias con hijos y personas en situación de vulnerabilidad, una condición que, pese a estar dictaminada por los Servicios Sociales, “la jueza no ha querido reconocer”, afirma.

La historia se remonta a más de una década atrás, cuando un grupo de vecinos se suscribió al alquiler de una vivienda de Protección Oficial de promoción privada con opción a compra en una urbanización de cuatro edificios de Roycasa.

Para poder legalizarlos, era necesario que tuvieran salida hacia la Carretera General TF-42. La empresa consiguió que el Cabildo de Tenerife le diera permiso para ejecutar una de carácter provisional y pudo legalizar solo dos de ellos y los otros permanecieron cerrados, ya que, pese a estar terminados, no contaban con todos los permisos para ser habitados.

Según el alcalde, Antonio González Fortes, “entre los años 2012 y 2013 el Ayuntamiento detectó que la promotora había comenzado a alquilar esos pisos con contratos privados, una situación que se le advirtió a los vecinos”. El año pasado la promotora perdió la titularidad del edificio, que fue adquirida por un fondo buitre y, a partir de ese momento, comenzó su lucha en los juzgados. Les pusieron un lanzamiento de desahucio para octubre del año pasado, que se logró paralizar y otro en diciembre, con el mismo desenlace.

A partir de esa fecha, los afectados se dividieron en dos grupos. Uno de ellos -del que formaba parte Melody-, tenía como fecha para abandonar el inmueble el 3 de marzo, una medida que fue pospuesta, mientras que el otro debía hacerlo el 12 de mayo.

Sin embargo, ayer mismo le avisaron de que también tenía que dejar su casa el próximo viernes, pese a que está reconocida como persona vulnerable y con una menor a su cargo.
“Este caso está lleno de irregularidades e injusticias”, asegura el alcalde. Hay vecinos a los que se les reconoce que su contrato es legal y está en vigor, y han empezado a pagarle al fondo buitre, una posibilidad que les han negado a los demás, quienes, como Melody, nunca se negaron a abonar su alquiler, ni al anterior ni al actual propietario. “Me dicen que mi contrato no es legal porque no está registrado en el bien de la propiedad, cuando eso actualmente no se hace”, indica. “Lo que quieren es echarnos fuera para cerrar el edificio”, sostiene.

La abogada de los afectados envió ayer mismo un recurso, porque, según les trasladó, “el lanzamiento es nulo, debido a que solo se les otorga un plazo de cuatro días hábiles”, un tiempo insuficiente. El Ayuntamiento se ha puesto en contacto con algunas promotoras que estaban interesadas en la compra del inmueble y también ha acudido al Instituto Canario de la Vivienda, pero desde esta institución le contestaron “que no pueden hacer gastos en la urbanización”. También ha estado acompañando a los vecinos desde el primer día -y así lo ratifican ellos- asesorándolos, poniéndolos en contacto con el Gobierno de Canarias y ofreciéndolos asesoría jurídica. Sin embargo, nada parece haber dado resultado.

Como Administración solo puede, por el momento, articular ayudas de emergencia para amortiguar las economías familiares, gestionar toda la información que vayan solicitando las distintas administraciones e intentar conseguir alquileres para los afectados, ya que ahora mismo no hay ninguna vivienda de propiedad municipal disponible.

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