Todos los grupos del Parlamento de Canarias coincidieron ayer con la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, en la necesidad de acometer una ley reguladora del alquiler vacacional, a la par que expresaron la importancia de conciliar todos los intereses y de escuchar a todas la partes implicadas.
El derecho a la vivienda, la sostenibilidad, el urbanismo, la calidad de vida, el empleo, la protección de los consumidores o el turismo son aspectos que habrá que conciliar en esta normativa, expuso De León en una comparecencia ante el pleno del Parlamento, en la que recordó igualmente (como adelantase en una entrevista a DIARIO DE AVISOS) que la normativa vigente está dispersa y obsoleta.
La consejera anunció, además, que hoy comenzarán las consultas en un primer encuentro con patronales, sindicatos, cabildos y ayuntamientos, paso previo para involucrar a todos los sectores e incorporar a las consultas a todos los sectores implicados, universidades, grupos parlamentarios y consejerías. “Está en juego nuestra sostenibilidad, el derecho a la vivienda, la protección del entorno, la calidad de vida y el empleo”, dijo De León, quien se comprometió a lograr un marco legal “muy participado, multidisciplinar y multisectorial”.
Datos
Canarias es la segunda comunidad con más viviendas en alquiler vacacional, por detrás de Baleares, unas 43.000, lo que supone una oferta de 175.000 camas, el 33,5% de la oferta alojativa de las Islas, según datos del INE citados por la consejera.
La regulación vigente data de 2015, un decreto que fue anulado en algunos aspectos por los tribunales y en general la normativa que afecta a este sector tiene entre 8 y 27 años de antigüedad, cuando la explosión de esta modalidad turística es mucho más reciente, señaló la política majorera.
La regulación no incluye planificación turística ni urbanística ni pone límites cuantitativos, no hay regulación de la calidad ni distinción de categorías ni modalidades, ni siquiera un registro único. Hay casos “preocupantes”, como el de La Oliva, en Fuerteventura, en donde el 30% de las viviendas del municipio se destinan a alquiler vacacional, señaló Jessica de León, para quien la Ley de Vivienda estatal “desprotege al propietario y defiende al ocupa”, lo que hace que haya menos oferta y se tensione el mercado inmobiliario.
Todos los grupos estuvieron de acuerdo en la necesidad de una regulación.
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